Cuestiona la legitimidad del tribunal para levantar las restricciones, entiende que compete a la AN y, además, sostiene que las leyes sanitarias vigentes las permitían.
Fija la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30% de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y obliga al empresario a pagar los gastos en los que pueda incurrir.
