Persigue así la protección de las víctimas de violencia de género frente a posibles coacciones de su agresor para que no declaren contra él después de haberle denunciado.
Afirma que el actual sistema es "ineficaz" en la provisión de puestos de trabajo, "perjudica" la promoción profesional de los letrados de tercera categoría y "dificulta" la conciliación.