Pide a la Comunidad de Madrid que cubra las bajas porque "con la mitad de la plantilla es imposible repartir el gran volumen de demandas que ha entrado durante la pandemia".
La Fiscalía puede recurrir la decisión ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y posteriormente ante el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo.
Advierten sobre el “riesgo evidente” de que esos castigos económicos "tan elevados" se conviertan en un “obstáculo insalvable” para controlar la legalidad de decisiones que afectan a toda la Carrera.