Destaca que la actuación del sistema judicial en este caso ha consistido en la "aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley", con un juicio celebrado "bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes", lo que sólo puede ser interpretado como "la más viva afirmación" del Estado de Derecho.
La Fiscalía pide 6 años de cárcel y una multa de 54.750 euros para cada uno de los 8 acusados, entre ellos también un primo de éstos y un supuesto testaferro.
Francisco Ojuelos, abogado experto en litigación administrativa y derecho alimentario, explica cuáles son las vías legales para reclamar judicialmento.
El columnista Fernando Pinto Palacio reflexiona sobre la necesidad de recuperar el valor de la verdad, esencial para un sistema democrático y su pervivencia