La magistrada Pilar de Lara considera desproporcionada la sanción que le ha impuesto el CGPJ y que conlleva pérdida de destino. Confía en que se la revoquen
Villarejo se comprometió en una conversación telefónica con García Castaño en 2005 en aportarle "nueve millones en negro" para la casa que éste tenía planeado comprarse.
La juez destaca que el derecho de libertad de expresión y de libertad de información no es un derecho absoluto y tiene su límite en el derecho de los otros.
La Fiscalía considera que la querella presentada no reúne ninguno de los requisitos, objetivos y subjetivos y pide al Supremo que inadmita la querella.
