El tribunal considera que la empresa no acreditó razones organizativas o productivas que justificaran rechazar la adaptación solicitada y confirma una indemnización de 6.000 euros por los perjuicios causados.
Análisis de la evolución jurídica de la distinción entre estacionar y acampar con una autocaravana y el salto de los criterios interpretativos de la DGT al Reglamento General de Circulación.
La organización reclama a la FGE un refuerzo «sostenido» ante la identificación de las víctimas, la protección de los menores y la investigación de los delitos.
La resolución recuerda que los registros de actividad, logs y grabaciones de un trabajador pueden formar parte de sus datos personales, incluso cuando se hayan utilizado en un despido.
