Contempla la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las oficinas generales del Registro Civil, de la que se ocuparán funcionarios.
Califica de “indigno y humillante” que se siente a negociar con la izquierda abertzale "cuando una de sus condiciones es impunidad para los presos de ETA".
Le "sorprende" que "con el importante número de querellas presentadas por este asunto, resuelva tan rápido que no ha habido ningún tipo de negligencia, imprudencia o algún tipo de actuación dolosa".
