El Tribunal General de la Unión Europea dictó el pasado 13 de julio, dos sentencias en las que condena respectivamente al Parlamento Europeo (PE) y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a abonar una indemnización por daños y perjuicios de 10.000 euros a unos empleados víctimas de acoso en el trabajo. Una práctica endémica que en nuestro país aún necesita algunas reformas que protejan al trabajador