El Tribunal Supremo afirma que este tipo de vehículos cuentan con un trato fiscal más favorable que sería superior a la ayuda que se les pudiera otorgar.
Considera que en la obtención de las mismas, por un total de 4.915.068 euros, “se infringieron las normas relativas a los presupuestos para su obtención y las referentes a la justificación de gastos”.
