Se trata de una pieza separada de la macrocausa de los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas supuestamente arbitrarias y sin publicidad.
Se debe centrar en el asunto por el que reabrió el caso el pasado julio, por los encargos de Larsen a Villarejo en relación con una asistente personal.
En el auto, el magistrado García Castellón alza el secreto de las actuaciones que se decretó en 2018 para todas las partes, a excepción de la Fiscalía.
