La sentencia, que cuenta con tres votos particulares de 4 magistrados, responde a una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona respecto al artículo 52, apartado d, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El PP pidió que se investigue si la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano a las empresas de Francisco Puig podrían ser constitutivas de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude.
