La sentencia del TJUE reconoce que el derecho de acceso no exige identificarse, pero legitima a los Estados para imponerlo por razones prácticas y de buena administración.
ISDEFE es una empresa pública estatal que actúa como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado, especialmente del Ministerio de Defensa,
Tanto Ábalos como Koldo García argumentan que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, se ha excedido con su encarcelamiento provisional por lo que solicitan al Supremo, en apelación, que los ponga en libertad.
