La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga hoy a cuatro personas que se enfrentan a 10 años de prisión cada una por integrar una célula del Estado Islámico asentada en España y dedicada a captar a través de las redes sociales a mujeres.
Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia abre la puerta a que muchos interinos en nuestro país contratados de forma irregular pueden reclamar sus derechos como indefinidos no fijos y ser indemnizados.
El titular del Juzgado de lo Mercantil 12, Moisés Guillamón Ruiz, ha acordado un concurso de acreedores para Desguaces La Torre, una empresa viable que ve así su futuro comprometido. Los abogados de la empresa han recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial.
El Tribunal Supremo ha reconocido la legitimidad que tiene un embajador para recurrir ante los tribunales del Estado en el que está destinado la extradición de un ciudadano de su país sin necesidad de contar con una decisión al respecto de la autoridad competente del Estado que representa.
Manuel Pardos, presidente de la entidad, critica la actitud de la Fiscalía ante el que califica “el mayor fraude realizado a los consumidores españoles hasta este momento”.
El magistrado Salvador Alba, destinado en la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al que acusa de los supuestos delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia, coacciones y amenazas.
Confilegal ya lo adelantó el pasado 7 de junio. Un colectivo autodenominado QuerellatsXRepública venía preparando una nueva acción de filibusterismo legal desde el pasado mes de marzo.
La ciudad austriaca de Innsbruck albergó el viernes una reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) de los Estados miembros de la Unión Europea
En una sentencia que muchos ya califican de histórica, y que se dio a conocer el pasado viernes, el Tribunal Supremo declara “nula de pleno derecho” la Orden General de la Dirección General de la Guardia Civil de 2015 que regulaba el desarrollo de los derechos de las asociaciones profesionales del Cuerpo y de sus representantes
