El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, carga contra la APIF en un escrito de conclusiones, a la que acusa a la APIF de imputarle "actuaciones que no ha realizado nunca".
El TS es claro en su resolución sobre Naturgy: la legitimación para negociar un plan de igualdad de alcance nacional se rige exclusivamente por los criterios establecidos en la legislación laboral.
