Este fallo anula la resolución de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Guadalajara y confirma que Torres Álvarez, Baranda Serna y Martín Antón debían cesar en una de las dos profesiones para cumplir con la ley.
Khan afirmó tener "motivos razonables" para creer que ambos son penalmente responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante y después de los ataques del 7 de octubre.
La decisión se ha producido en el contexto del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra varios artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
