El Tribunal Supremo ha aclarado, finalmente, la situación sobre esta materia con esta sentencia. Estos órganos autonómicos que valoran la discapacidad sí pueden ser condenados en costas.
Cuatro contratos de mascarillas quirúrgicas por 217 millones de euros fueron adjudicados a una misma empresa, cuyo nombre no facilita el Tribunal de Cuentas.
