El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, finalmente tuvo que mostrar sus cartas en su particular -y personal-, «partida de póker» que ha venido jugando para impedir que el magistrado Alejandro Abascal pudiera ser elegido como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ahora ocupado por Manuel García-Castellón.
Contra todo pronóstico, Lesmes tuvo que hacer uso, el pasado 17 de agosto, de su voto de calidad para elegir a «su candidato», el magistrado Diego de Egea y Torrón, para ese puesto, cortando el paso a Abascal.
Éste había sido «descartado» previamente por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para un puesto que ya había ocupado entre el 28 de marzo y el 28 de diciembre de 2016 como juez de refuerzo de Eloy Velasco -antecesor de García-Castellón- cuando este ocupaba el citado Juzgado Central.
Durante ese tiempo, Abascal instruyó parte de la Púnica e inició la de la Operación Lezo. Conocía bien el Juzgado Central y era el candidato natural.
La buena impresión dejada hizo que la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, lo convirtiera en su favorito en el debate que tuvo lugar en la Sala de Gobierno de ese órgano, que tenía que elaborar la terna de candidatos (se presentaron 16) sobre la que tendría que decidir finalmente la Comisión Permanente del CGPJ.
«Paradójicamente», cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN -su presidente, Eduardo Menéndez (sucesor de Lesmes en ese puesto), Felisa Atienza, Ana Valero y Fernando Mateo-, todos miembros de la Sala de Gobierno, votaron por dejar fuera a Abascal en la selección final que conformaron Diego de Egea Torrón, titular del Instrucción 43 de Madrid, y Miguel Ángel Torres Segura, magistrado del Penal 6 de Granada.
Espejel y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, se quedaron literalmente solos en su apoyo a Abascal durante la votación que tuvo lugar el pasado 27 de julio.
«Rebelión» en la Comisión Permanente
Con lo que no contaba Lesmes era con que cuatro de los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ –Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad, Fernando Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya- se rebelaran contra el «convoluto» -que diría el desaparecido embajador alemán, Guido Brunner– e insistieran en que se incluyera a Abascal entre los candidatos a escoger.
Abascal -juez de Adscripción Territorial con destino en el Juzgado de Instrucción 4 de Fuenlabrada, Madrid- no era un extraño para los vocales mencionados. No en vano, entre 2010 y septiembre de 2015 fue jefe de la Sección del Servicio de Personal del CGPJ. Los cuatro vocales conocían bien su eficacia.
Con su actitud, Cuesta, Díaz Abad, Grande-Marlaska y Martínez Moya obligaron a Lesmes a retratarse públicamente en su rechazo a Abascal con el uso de su voto de calidad.
Porque la votación resultó en empate. Cuesta (PSOE), Díaz Abad (PP), Grande-Marlaska (PP) y Martínez Moya (PP) votaron por Abascal, por un lado. Cuatro.
Y Mar Cabrejas (PSOE), Rafael Mozo (PSOE) y Pilar Sepúlveda (PSOE) votaron por Diego de Egea y Torrón, del que Confilegal adelantó en su momento que era el probable elegido.
Lesmes votó con ellos, pero para salirse con la suya tuvo que hacer uso de su voto de calidad, que es como un voto doble, que rompió el empate.
Con ello, es evidente, se dejó buena parte de los pelos en la gatera.
Y se retrató.
No le perdona que dejara el CGPJ y que sea miembro activo de la APM
De acuerdo con fuentes consultadas por Confilegal, Lesmes no le perdona a Abascal que abandonara el CGPJ y que volviera a ser un miembro muy activo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Desde diciembre de 2015 la APM ha formado un frente común con las tres asociaciones de jueces restantes -la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial independiente (FJI)- que ha cosechado evidentes éxitos. De hecho, las cuatro se han convertido en un contrapoder al CGPJ y al propio Lesmes, al que han robado la iniciativa en el objetivo de reformar la Administración de Justicia.
El pasado mes de julio, las cuatro asociaciones entregaron, en sendos encuentros individuales con los diputados responsables de Justicia del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, las 14 propuestas básicas para mejorar la Administración de Justicia, que están siendo respaldadas mayoritariamente por la carrera judicial, y para apremiar a los diputados para poner en marcha la tan esperada reforma de la justicia cuanto antes a través de un pacto de estado entre todas las formaciones políticas.
En el curso de esos encuentros, las cuatro formaciones mayoritarias coincidieron en afirmar que había que reformar el CGPJ porque había sido un fracaso.
Después la APM, la AJFV, JJpD y FJI interpusieron, ante la Sala de lo Social, una demanda de conflicto colectivo contra el CGPJ para la supresión del denominado “Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas” y para que se proceda a la regulación de la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral, conforme a un criterio de dedicación o rendimiento.
