¿Por qué el que fue juez de refuerzo de la Púnica no ha sido incluido en la terna para reforzar a García-Castellón?
La Audiencia Nacional vista desde el Tribunal Supremo; las esculturas corresponden a la Ley, en el centro, flanqueada por la Justicia, a la derecha, y el Derecho, a la izquierda, obras del escultor Miguel Blay. Confilegal.

¿Por qué el que fue juez de refuerzo de la Púnica no ha sido incluido en la terna para reforzar a García-Castellón?

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28/7/2017 05:05
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Actualizado: 28/7/2017 08:21
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Alejandro Abascal fue, entre el 28 de marzo de 2016 y el 28 de diciembre de ese mismo año juez de refuerzo de Eloy Velasco cuando este ocupaba el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Durante ese tiempo instruyó parte de la Púnica e inició la de la Operación Lezo.

Su trabajo fue tan valorado,  y dejó tan buena huella, que el actual titular de ese Juzgado, Manuel García-Castellón, habló con Santiago Pedraz, juez decano de la Audiencia Nacional, con el presidente de ese órgano, José Ramón Navarro, y con varios vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacerles saber que lo consideraba el candidato más apropiado para cumplir el refuerzo solicitado.

Y por una razón principal, de peso evidente: Abascal conoce el Juzgado Central 6 y todos sus resortes materiales y personales. No hubiera necesitado tiempo de adaptación alguno.

Ayer, sin embargo, la Sala de Gobierno de la AN lo dejó fuera en el curso de la reunión que celebró.

De entre 16 candidatos, seleccionó sólo a 2, cuando lo tradicional es la terna. Los elegidos fueron Diego de Egea Torrón, titular del Instrucción 43 de Madrid, y Miguel Ángel Torres Segura, magistrado del Penal 6 de Granada.

Abascal era el favorito de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, que apostó, defendió y votó por su candidatura. Lo mismo que Navarro.

Paradójicamente, la decisión principal de cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN -su presidente, Eduardo Menéndez, Felisa Atienza, Ana Valero y Fernando Mateo– dieron al traste con su fácil inclusión en la mencionada terna, sobre la que después tenía que elegir la Comisión Permanente del CGPJ.

También votó en contra Abascal el presidente de la Sala de lo Social de la AN, Ricardo Bodas.

5 a 2 a favor de dejar a Abascal fuera.

¿Qué ha hecho Abascal mal para ser discriminado de esa manera, si, sobre el papel, era un claro candidato al puesto de juez de refuerzo?

Ser un miembro muy activo en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que, unida a las otras tres restantes -la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-, han formado un frente común, desde diciembre de 2015, que ha robado al CGPJ la iniciativa y el protagonismo ante el Parlamento, el Gobierno y la carrera judicial.

Oposición frontal de las 4 asociaciones

Esto es algo que no perdona el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que es muy consciente de la oposición frontal y la crítica de las 4 asociaciones judiciales al Plan de Urgencia ideado por su Consejo para la puesta en marcha de los Juzgados bises de cláusulas suelo, con los jueces recién salidos de la Escuela Judicial al frente.

Un Plan que ha sido cinco veces recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, quien, finalmente, tendrá que pronunciarse.

Desde el punto de vista de Lesmes, la culpa de la imagen de politización de la justicia la tienen las asociaciones judiciales.

“España tiene un problema con esto de las asociaciones judiciales”, afirmó el presidente del CGPJ durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 15 de marzo.

“¿Qué problema se deriva de ellas? Pues que representan opciones políticas. ¡Ah!, ¿es que es de esta asociación? Pues es que este es del PSOE. ¡Ah! ¿Es que este es de esta asociación? Pues es del PP. Esto es una realidad. Sabemos que es así. Yo se lo he dicho a los de las asociaciones y no me hacen caso. Que sería muy bueno que se hiciera una única asociación profesional y que ganaría mucho la percepción de independencia de nuestro país si solo hubiera una asociación”, dijo a los señores diputados.

El conocimiento de Lesmes de los cuatro magistrados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional es muy directo.

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN, Eduardo Menéndez, fue propuesto, impulsado y votado por Lesmes para ese puesto.

Y los tres restantes, Atienza, Valero y Mateo, sirvieron bajo su dirección cuando Lesmes ocupó, precisamente, el mismo puesto que ahora ocupa Menéndez.

Guardan, por lo tanto, muy buena relación con el presidente del CGPJ.

Todos son conscientes de que próximamente van a producirse vacantes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Menéndez y Atienza ya lo intentaron anteriormente.

Esto podría explicar, en parte, la «inexplicable» decisión de los cuatro magistrados administrativistas, suprimiendo a Abascal de una terna para un puesto de lo penal que, en principio, ni les iba ni les podía venir.

Conexión asociativa

Este magistrado trabajó durante el primer año y medio de mandato de Lesmes en el CGPJ, como jefe de la Sección del Servicio de Personal del Consejo.

Un puesto que abandonó en septiembre de 2015 para volver a la jurisdicción, como juez de Adscripción Territorial de Madrid, al frente del Juzgado de lo Penal 29 de la capital de España.

El regreso fue doble.

A la jurisdicción y a las actividades asociativas, pues tras 5 años en el órgano de gobierno de los jueces, pidió su reactivación en la APM.

La exclusión de Abascal de la terna se contempla, como una relación directa con esto.

Recientemente, las cuatro asociaciones entregaron, en sendos encuentros individuales con los diputados responsables de Justicia del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, las 14 propuestas básicas para mejorar la Administración de Justicia, que están siendo respaldadas mayoritariamente por la carrera judicial, y para apremiar a los diputados para poner en marcha la tan esperada reforma de la justicia cuanto antes a través de un pacto de estado entre todas las formaciones políticas.

En el curso de esos encuentros, las cuatro formaciones mayoritarias coincidieron en afirmar que había que reformar el CGPJ porque había sido un fracaso. Ayer, precisamente, la APM, la AJFV, JJpd y FJI interpusieron, ante la Sala de lo Social, una demanda de conflicto colectivo contra el CGPJ para la supresión del denominado «Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas» y para que se proceda a la regulación de la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral, conforme a un criterio de dedicación o rendimiento.

A través de un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones aseguraron que presentaban esa demanda “para obligar al Consejo General del Poder Judicial, único competente al efecto, a fijar de una vez por todas unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades de la sociedad a la que servimos, compatible con el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar”.

Nunca antes en la historia el asociacionismo judicial ha estado tan vivo como en la actualidad.

Y volviendo al caso del juez de refuerzo de García-Castellón. ¿Quién será el elegido?

Las apuestas son para De Egea Torrón.

Este magistrado, que procede del cuerpo jurídico-militar y es de la misma promoción que el presidente Navarro, hace una semana ya anunciaba a los funcionarios de su Juzgado que «le habían tocado» y que se iba a marchar como juez de refuerzo al Juzgado Central 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional, según ha podido saber Confilegal.

Como se decía antiguamente, un asunto «atado y bien atado».

O eso parece.

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