Tres hombres han sido detenidos en los Sanfermines de este año, que arrancaron hace seis días, y ya han sido condenados por el juzgado de guardia por tocamientos.
Las sentencias se han dictado de conformidad tras los juicios rápidos celebrados en el Juzgado de Guardia de Pamplona, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
No ha trascendido cuáles han sido las condenas en estos tres casos, dado que los letrados de la Administración de Justicia no facilitan la sentencias ni autos al gabinete de comunicación del tribunal de Navarra ni de otros del resto de España.
Los letrados adoptaron esta medida en protesta por un informe elaborado por una vocal del Consejo General del Poder Judicial sobre la filtración de datos de la víctima de «la manada» y que, según los letrados, pretende «hacer responsable de la filtración de datos personales de la víctima a la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial».
Cabe recordar que dos periodistas alertaron sobre la brecha de seguridad que permitía el acceso a la sentencia.
GUERRERO, EN LIBERTAD HASTA QUE LA AUDIENCIA DE NAVARRA DECIDA
A raíz del «caso manada», por el que fueron condenados cinco jóvenes sevillanos a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales en los Sanfermines de 2016, las peñas de San Fermín añaden este año el color morado en la parte trasera de todas ellas para reivindicar unas «fiestas libres de agresiones y actitudes sexistas».
Los cinco condenados están en libertad bajo fianza 6.000 euros.
Uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de “la manada”, apenas tres días después de su puesta en libertad habría acudido a dependencias policiales para intentar renovar su pasaporte.
Un caso por el que tuvo que comparecer el pasado 5 de julio a petición de la Fiscalía. Está en libertad provisional hasta que la Audiencia de Navarra decida sobre su situación ante su supuesto incumplimiento de las medidas cautelares decretadas.
HABRÁ REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Tras la sentencia, el Gobierno ha puesto en marcha la revisión del Código Penal para introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales, según ha anunció el pasado martes la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.
“Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”, recalcó, al tiempo que explicó que este es el modelo que acaba de introducirse en Suecia y en el que está trabajando Alemania.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha lanzado hoy un comunicado donde también recalca que en las relaciones sexuales el consentimiento «debe ser explícito» pues si no hay consentimiento «hay delito contra la libertad sexual». Y «quien tiene la carga de probar el consentimiento es el acusado».
Ha pedido esté prohibida toda prueba sobre los antecedentes sexuales de la víctima de abusos sexuales, así como de su vida privada, antes y después de los actos constitutivos de un hecho penal de carácter sexual.
Además, estas juristas han hecho hincapié en que antes de abordar las bases de la reforma del Código Penal hay que resaltar que la «falta de amparo judicial de los derechos fundamentales a la libertad y dignidad humanas» que «ha percibido el movimiento feminista» con el caso de «la Manada» se centraba más en los «parámetros valorativos de la interpretación judicial».
Consideran que esto se ha notado en el desarrollo del juicio y en la sentencia, sobre todo en el voto discrepante, donde se contiene «un relato y valoración de la prueba con expresiones humillantes y vejatorias para la víctima y para las mujeres como colectivo».
QUEJA DE MÁS DE 750 JUECES ANTE LA ‘PRESIÓN SOCIAL’
Más de 750 jueces y magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeo, que forma parte del Consejo de Europa, para comunicarles una “gravísima amenaza” contra la independencia judicial, en referencia a lo que consideran un “linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos”, contra el tribunal que ha dictado la sentencia del caso de «la manada».
Los magistrados denuncian que se ha desatado una “presión social” contra este tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra, y todo ello sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a las amenazas contra la separación de poderes.
