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Gloria Poyatos: ‘A pesar de todo, el techo de cristal en la Justicia sigue siendo infranqueable’

Presidenta de la AMJE y magistrada del TSJCGloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Confilegal.
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52 años después de la Ley 96/1966 que derogó la prohibición a las mujeres de acceder a la carrera judicial, representan ya el 53,2 % del total de magistrados y jueces en activo en España.

Sin embargo, hay pocas mujeres en los puestos de mando, y su presencia es menor en los altos cargos de la judicatura cuanto más elevado es el órgano.

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En el Supremo hay 14 mujeres y 67 hombres, y ninguna de ellas ostenta un poder gubernativo, como la vicepresidencia o presidencia de las salas.

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En el Tribunal Constitucional únicamente dos de los 12 magistrados son féminas. Encarnación Roca -vicepresidenta- y Luisa Balaguer son las únicas dos mujeres ahora en la institución.

“A pesar de todo, el techo de cristal sigue siendo infranqueable”, denuncia en Confilegal Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas de España (AMJE), una organización «comprometida con la lucha por la igualdad no sólo en el ámbito judicial».

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Fue fundada por Poyatos y otras 11 juezas en noviembre de 2015.

Fundadoras de la AMJE. Gloria Poyatos, Amaya Oliva, Ana Castán, Lucía Avilés, Adoración Jiménez, Zita Hernández, Ana Salas y Mar Serna, las fundadores de la AMJE
Fundadoras de la AMJE: Gloria Poyatos, Amaya Oliva, Ana Castán, Lucía Avilés, Adoración Jiménez, Zita Hernández, Ana Salas y Mar Serna.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España critica que la representación equilibrada de hombres y mujeres en las altas jerarquías judiciales nacionales siga siendo una asignatura pendiente.

Recuerda que “nunca se ha conocido una presidenta del Tribunal Supremo y sólo una de las 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia está en manos femeninas, pese a que más de la mitad de los miembros de la carrera son mujeres”.

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En los Tribunales Superiores hay 177 mujeres y 313 hombres.

Esto, según expresa Gloria Poyatos, constituye una «anomalía democrática, que puede convertirse en patología, si tenemos en cuenta que nuestra Constitución tiene ya 40 años».

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Lo atribuye a una»muestra de desconfianza en la capacidad intelectual de las mujeres».

Poyatos reivindica que que «ya que la paridad no se impone de manera natural, habrá que tomar alguna medida para al menos acercarnos al 40% de cuota mínima femenina en altos cargos públicos que propone la Ley de Igualdad de 2007″.

EN EL SUPREMO REPRESENTAN EL 17%

Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, a 1 de enero de 2018, de los 4.980 jueces y magistrados del país, la mayoría son mujeres, 2.617 en total.

Los datos del CGPJ reflejan que hay más juezas (2.858) que jueces (2.519) por sexto año consecutivo en España, siendo también el año en que más magistradas ha habido ejerciendo.

Por comunidades autónomas, el País Vasco es la que más porcentaje de juezas tiene en sus organismos (60,5%), frente al registro más bajo correspondiente a Murcia (45,1%).

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En el Alto Tribunal las mujeres representan el 17% tras el nombramiento el pasado martes de Carmen Lamela y Susana Polo en la Sala Segunda. Con sus nombramientos, la magistrada Ana Ferrer ha dejado de ser la única magistrada en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, a la que accedió en 2014. Desde 2010, sólo ha aumentado en tres las mujeres que lo componen.

La Sala Cuarta, la de lo Social del Supremo, es la que tiene más mujeres, cinco de un total de 13 jueces. Se trata de Lourdes Arastey, Milagros Calvo, María Luz García Paredes –que se incorporó el pasado enero-, María Luisa Segoviano y Rosa María Virolés.

En la de lo Contencioso hay cuatro magistradas, Pilar Teso, Inés Huerta, Isabel Perelló y Celsa Pico; una en la Sala de lo Civil, María Ángeles Parra; y otra en la de lo Militar, con Clara Martínez.

Otros recientes nombramientos de mujeres en el mundo de la Justicia son el de la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, como ministra del ramo, y el de la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Segarra, nueva fiscal general del Estado.

“Que la Fiscalía General y el Consejo de Estado estén presididos por mujeres debe ser una bendita cotidianidad”, expresó Segarra en su toma de posesión de su cargo como consejera nata del Consejo de Estado el pasado 19 de julio.

María José Segarra en su toma de posesión como consejera nata del Consejo de Estado, junto a María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo; Dolores Delgado, ministra de Justicia; Consuelo Castro, abogada general del Estado; y Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, de izquerda a derecha. FGE.

A ellas se suma también María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como juez decana de Madrid, un puesto que ocupó otra mujer antes que ella: Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que fue elegida decana en 1993.

Además de Del Barco, sólo hay otras dos decanas con dedicación exclusiva en todo el territorio nacional, a cargo de Barcelona y Palma, de un total de ocho.

‘ES URGENTE UNA JUSTICIA IGUALITARIA’

La AMJE hace hincapié en que «la  sociedad, integrada por hombres y mujeres, debe tener obligatoriamente su reflejo en la composición del máximo órgano judicial», reclama que de forma urgente se logre «una Justicia igualitaria, no sólo exógena sino también endógena, garantizadora de la integración diversa, y la participación equilibrada de hombres y mujeres, como requisito de legitimidad democrática».

La asociación de juezas denuncia que la presencia femenina en los puestos judiciales de nombramiento discrecional del CGPJ «ha disminuido en términos relativos en los últimos ocho años, si partimos de una judicatura integrada mayoritariamente por mujeres, lo que supone un retroceso de género carente de racionalidad tras cuarenta años de Constitución».

Recuerda que ya la ONU ya advirtió a España en junio de 2015 sobre la discriminación contra las mujeres en la legislación y la práctica en España y recomendó que aplicara «medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la adminstración pública, en particcular en los niveles más altos de la judicatura y en el servicio Exterior».

Por otro lado, también destaca que “las estadísticas del CGPJ indican que los permisos y excedencias  por cuidados familiares son solicitados mayoritariamente por las juezas, colocándolas en situación de desigualdad respecto a sus compañeros varones, en la promoción profesional”.

La presidenta de la AMJE, Gloria Poyatos, en una de sus intervenciones públicas.

Según los datos del CGPJ de mayo 2018, en 2017 las mujeres solicitaron el 97,9% de las excedencias por cuidado de hijos/as  y el 100% por cuidado familiar.

Poyatos indica que con ello pierden renovación, formación o experiencia curricular que luego resulta imprescindible para el ascenso.

Y añade que al problema del retraso en la adquisición de experiencia, se suma también «la pérdida de poder adquisitivo y la brecha salarial y de pensiones, porque nuestro mercado de trabajo penaliza el tiempo dedicado a los cuidados familiares, que como he dicho se asume mayoritariamente por las mujeres de todas las profesiones sin exceptuar la judicatura”.

REIVINDICACIONES AL CGPJ

La Asociación de Mujeres Juezas de España ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que promueva las siguientes medidas:

La implementación de acciones positivas de género en las próximas coberturas de vacantes del Tribunal Supremo, presidencias de Audiencias Nacionales y presidencias de Tribunales Superiores de Justicia hasta lograr una composición equilibrada de hombres y mujeres, de acuerdo con la Disposición Adicional 1ª de la LO 3/2007.

La valoración curricular en el acceso a la carrera judicial y en la promoción profesional del tiempo dedicado por hombres y mujeres a los cuidados familiares, en correspondencia con lo previsto en el artículo 57 de la LO 3/2007.

Dotar a la Comisión de Igualdad del CGPJ de los medios suficientes para integrar la perspectiva de género en todas las actuaciones que se lleven a cabo por este órgano de gobierno, formada por miembros permanentes, y con la dotación económica necesaria.

Revisar y actualizar el Plan de Igualdad de la carrera Judicial, «ante su falta de eficacia», y que con carácter transversal «se aplique de forma obligatoria en todas las actuaciones del órgano de gobierno de juezas y jueces».

La AMJE reivindicó estas iniciativas al CGPJ el pasado 16 de mayo, a raíz del ‘Informe una perspectiva de género en la Justicia’, del que afirma que «carece totalmente de la perspectiva de género a la que se refiere su título, ya no sólo en el lenguaje no inclusivo que utiliza, sino también en su contenido».

La asociación denunció en un comunicado que utiliza datos «tendenciosos», más encaminados a buscar la justificación de la falta de mujeres en altos cargos, que a promover la igualdad.

Las juezas también afearon el hecho de que el documento haya sido elaborado por la sección estadística del CGPJ y no por la Comisión de Igualdad de ese alto organismo, creada a raíz de la Ley de Igualdad de 2007.

Otra de las reivindicaciones hechas por esta asociación es la «formación de género de manera obligatoria y continua los miembros de las «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la judicatura, la fiscalía, la abogacía y la medicina forense», en particular a «aquellas personas que se relacionan con delitos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual».

Y además, reclama que se cumpla el Estatuto de la víctima, «evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad», y también que se cumpla lo establecido en el Convenio de Estambul y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ambos ratificados por España.

El último comunicado que ha lanzado la AMJE ha sido para expresar su desacuerdo con la sentencia contra Juana Rivas.

«Sin mujeres, no es justicia», sentencia la presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas de España.