Pocos días después de denegar, por cuarta vez, la libertad provisional a Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia, encarcelado en la cárcel valenciana de Picassent, el mismo tribunal de apelación de la Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado que los médicos forenses le hagan un nuevo examen médico con el fin de determinar la gravedad del que fuera ministro de Trabajo y presidente de la Generalitat Valenciana.
Los magistrados que componen el tribunal de la Sección Quinta de dicha Audiencia –María Begoña Solaz Roldán (presidente y ponente), José Antonio Mora Alarcón y Alicia Amer Martín– habían rechazado el cuarto recurso de apelación interpuesto por el abogado de Zaplana, Santiago Milans del Bosch.
El abogado argumentó que la permanencia de Zaplana en la prisión suponía un «grave riesgo» para su vida por la elevada posibilidad de contraer nuevas enfermedades al tener deprimido su sistema inmunitario y encontrarse en un medio hostil, como es la cárcel, donde las condiciones de asepsia distan mucho de ser las adecuadas para combatir este mal.
Milans del Bosch había aportado dos informes médicos, uno del doctor que lo trata en el Hospital de la Fe, en Valencia, y un segundo, este del doctor Guillermo García-Manero, quien desde el Hospital Anderson Cancer Center de Houston hace seguimiento de la evolución de Zaplana, el cual certificó un empeoramiento de la salud del expolítico y empresario.
«El deterioro acusado del estado general» del paciente señala la probabilidad «de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100%», afirmaba el doctor García-Manero.
Han sido las serias dudas planteadas por los facultativos las que han hecho que los tres magistrados hayan tomado la decisión de que una tercera opinión profesional, ordenando a cuerpo de médicos forenses que certifiquen el estado de salud de Zaplana.
Huelga decir que si la salud del expolítico tuviera un desenlace no deseado por culpa del empecinamiento, tanto de la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez Guerola, que instruye la causa por el caso «Operación Erial» -en la que Zaplana aparece investigado por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación- como de los magistrados Solaz Roldán, Mora Alarcón y Amer Martín, el escándalo público sería mayúsculo.
Máxime cuando hay precedentes en los que “por razones humanitarias”, personajes como el etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, condenado por secuestrar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara fueron puestos en libertad.
INCONGRUENCIA DEL SISTEMA PENAL ESPAÑOL
Esta es, precisamente, una de las incongruencias del sistema penal español.
Después de ser condenado, a la persona la pueden poner en libertad con una pulsera de control y permitirle salir a trabajar.
Pero cuando se es supuestamente inocente -porque sobre Zaplana rige la presunción de inocencia porque no ha sido juzgado todavía-, ese tipo de medidas son escasas y rácanas.
Sin embargo, sí las contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que en su artículo 502.2 dice que «La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional».
El tribunal ha alegado, en sus denegaciones de libertad provisional, o de arresto domiciliario, el riesgo de fuga.
Un riesgo que, dada la situación de salud de Zaplana, hoy por hoy, es inexistente.
La LECRIM contempla alternativas a la prisión igual de eficaces: el mencionado arresto domiciliario, la imposición de una pulsera electrónica de control telemático de proximidad, la obligación de comparecer semanalmente, cada 33 o 2 días, o incluso diariamente, ante el Juzgado de Instrucción, además de la retirada del pasaporte o la congelación de sus activos, que ya se ha llevado a cabo.
Hasta ahora, los magistrados competentes no lo han considerado.
EL NUEVO EXAMEN MÉDICO
El nuevo examen médico se va a producir a instancia de Milans del Bosch, después de que este solicitara que los médicos forenses examinen a Zaplana. Cuando lo hayan llevado a cabo, informarán al tribunal. Los tres magistrados decidirán entonces si decretan su excarcelación y su arresto domiciliario, o su libertad provisional, o dejan las cosas como están.
En un comunicado, la familia del exministro defendió que Zaplana «ya tendrá ocasión de defenderse de las acusaciones que se presenten contra él, pero aún no ha sido juzgado y ahora por razones puramente humanitarias, debería estar en un lugar que no ponga en peligro su vida».
«Es un derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país», agregaron.
