El Congreso respalda a Llarena ante las presiones recibidas y la demanda de Puigdemont
El magistrado Pablo Llarena, instructor del caso contra los exmiembros del gobierno autonómico catalán. Foto: Carlos Berbell.

El Congreso respalda a Llarena ante las presiones recibidas y la demanda de Puigdemont

PODEMOS, EL PNV, ERC y PDeCAT RECHAZAN APOYAR AL MAGISTRADO
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19/9/2018 11:38
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Actualizado: 07/6/2022 15:47
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El Congreso de los Diputados ha mostrado su respaldo al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘Caso Procés’, ante las presiones recibidas y por la demanda del expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros ante los tribunales belgas.

El Pleno votó ayer una proposición no de ley de Ciudadanos, registrada el pasado 27 de agosto, que insta, además, al Ejecutivo a que de forma «inmediata» articule «una clara y abierta defensa» de la jurisdicción española, de sus principios de integridad e inmunidad jurisdiccional frente a la demanda civil presentada en Bélgica por Puigdemont y sus consejeros, prófugos de la justicia.

También destaca «la indefensión y el acoso independentista a la jurisdicción española en el extranjero».

La iniciativa fue respaldada por el PP y el PSOE. Por su parte, Unidos Podemos, el PNV, ERC y el PDeCAT la rechazaron porque consideran que las manifestaciones que realizó el magistrado y por las que ha sido denunciado se produjeron en un ámbito privado, y por ello no entienden por qué el Estado tiene que pagar la minuta al despacho de abogados de Bélgica que defenderá al magistrado del Tribunal Supremo.

El portavoz en el Congreso de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, defendió en el Pleno que es necesario que el Parlamento brinde su apoyo al citado magistrado del Alto Tribunal porque está sufriendo «presiones» por sus actuaciones judiciales y porque «un año después de que España viviera un golpe de Estado, desde las propias instituciones, desde el Estado, se mantiene el desafío».

Por su parte, el PSOE recriminó a Ciudadanos registrase esta propuesta un día después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciase que asumía la defensa del juez Llarena en Bélgica, pero votó a favor.

Considera que el partido de Albert Rivera ha hecho un debate «artificial», porque la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya explicó detalladamente en el Congreso la gestión sobre la defensa del magistrado.

El PP apoyó la proposición «por coherencia parlamentaria y política», ya que presentó una similar, y ha confiado en que en el futuro haya reciprocidad.

En la tribuna de invitados estaban los voluntarios que el pasado fin de semana borraron las pintadas con las que las que Arran, organización independentista juvenil vinculada a la CUP, había señalado la casa de Llarena en Das (Gerona).

LLARENA SE HA CONVERTIDO EN LA BESTIA NEGRA DEL SEPARATISMO

Y es que este magistrado, que ha procesado a 25 líderes separatistas por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, se ha convertido en la bestia negra del independentismo.

Además de la demanda por parte de los cinco políticos huidos –Puigdemont y Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig- y esas pintadas frente a su casa, el pasado julio, Llarena; su esposa, Gema Espinosa; y 15 amigos suyos sufrieron el pasado julio un escrache independentista de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Mont-ras (Gerona). Los Mossos abrieron a principios de este mes diligencias para investigarlo.

Además, el consejero encarcelado Josep Rull lo ha acusado de haber perdido su “prestigio” y de estar actuando en coordinación con el Gobierno, y el presidente del Parlamento autonómico catalán, Roger Torrent, ha afirmado que este magistrado pretende “adulterar las mayorías parlamentarias” con su decisión de suspender de cargo público a 6 diputados.

Según Torrent, se les imputan “delitos inexistentes, acusados a través de un relato falso que intenta atribuir una violencia que no ha existido nunca”. Son sólo algunas de las críticas que ha recibido el juez.

Incluso un colectivo denominado QuerellatsXRepública, presentó una demanda colectiva contra él y otros tres magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal, que criticaron la resolución del tribunal alemán que cuestionó la existencia de violencia en el ‘procés’.

Otros jueces y fiscales catalanes también han sido víctimas de ataques. Por ejemplo, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, que fue increpada a las puertas del Palau de Justicia en la última sesión del juicio por el 9-N, en febrero de 2017.

Un grupo de entre 20 y 30 personas situadas tras las vallas que cercaban a los manifestantes le gritó “fuera, fuera la justicia española”, “fascista”, “eres una mierda”, “vete de Cataluña”.

Después, otro individuo se dirigió corriendo en diagonal hacia ella, momento en que afirma que temió “por su integridad” y, con una “mirada de odio” como no había visto otra en sus 64 años y cree no olvidará “en la vida”, le dijo: “Tú eres la Fiscalía, tú nos condenas por poner las urnas”.

Además, unos desconocidos irrumpieron en su segunda residencia en un pueblo del Pirineo y le cortaron la calefacción.

EL PP PEDIRÁ EN EL SENADO LA REPROBACIÓN DE LA MINISTRA DE JUSTICIA

Por otro lado, cabe destacar que el Senado debatirá la próxima semana una moción del PP que pide la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de que el pasado 12 de septiembre, el PP volviese a exigirle que dimitiera por ‘mentir’ sobre la defensa de Llarena.

Por la mañana, Delgado compareció en el Congreso para explicar la actuación del Ministerio ante la demanda, y por la tarde mantuvo un tenso rifirrafe en el Senado con la senadora del PP Esther Múñoz.

“Su inacción política estaba perfectamente calculada y no han movido ni un dedo hasta que no han recibido la presión de la opinión pública, de los jueces y los fiscales y de la oposición”, denunció la popular, y señaló que luego “deprisa y corriendo, cuatro días antes” de la vista prevista para el 4 de septiembre se contrató un bufete de abogados “ante el mayor ataque a nuestra soberanía e inmunidad de las últimas década”.

El PP ya había pedido el cese de Delgado y había anunciado que solicitaría su reprobación en el Congreso y en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

“Vamos a dejarle estas semanas para ver si entra en razón, y si no probablemente sea una de las cosas que podamos plantearnos: reprobar a la ministra. España no se merece una ministra que mienta”, sentenció la senadora del PP tras la interpelación en el pleno.

Por su parte, la ministra destacó que durante todo el análisis de la situación había que tener “prudencia para no poner en riesgo nuestra inmunidad de jurisdicción” valorando cualquier escenario, incluso “lo que podía pasar después en tribunales internacionales”.

En su comparecencia en el Congreso dijo que el Gobierno no cambia de criterio “por corporativismos o asociacionismo o criterios mediáticos”, sino que lo hace “solamente por criterios jurídicos, estrictamente criterios jurídicos procesales con una rigurosidad y responsabilidad que se ha demostrado en este caso concreto”.

No se puede permitir que allí, en Bélgica, se utilice una demanda civil, que contiene unas expresiones que hace un magistrado en un determinado evento, y se cuestione la soberanía jurisdiccional“, subrayó.

EL CONSEJO FISCAL PIDE A JUSTICIA QUE INFORME A SEGARRA DE CUALQUIER NOVEDAD RELEVANTE SOBRE LA DEMANDA CONTRA LLARENA

Por su parte, el Consejo Fiscal ha pedido al Ministerio de Justicia que informe a la fiscal general, María José Segarra, de cualquier novedad de cualquier “novedad relevante que afecte al procedimiento que se sigue ante los tribunales belgas en defensa de la jurisdicción e independencia de los tribunales españoles”.

Responde así respondido a una petición presentada a finales de agosto por los 5 vocales de la Asociación de Fiscales (AF) –Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasay Rosa Rubio-, para que Segarra que reclamase esta documentación al entender que este órgano consultivo merecía ser informado de las decisiones de Justicia en relación con la defensa de la soberanía de los tribunales españoles en este caso.

En su misiva expusieron que la intención de la demanda contra el magistrado no es otra que “someter a inquisición de los órganos judiciales de un Estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su Estado democrático de Derecho”.

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