La Comisión de Justicia del Senado estudia hoy la reforma para que los jueces elijan a sus vocales en el CGPJ

Es una de las principales reivindicaciones de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que han celebrado dos huelgas este año –en mayo y en noviembre-, pero no cuenta con el apoyo del Gobierno, que defiende que sea el Parlamento quien designe a los veinte vocales.

Por ello, el pasado viernes, las asociaciones pidieron al presidente, Pedro Sánchez, que apoye que los jueces y magistrados puedan elegir a los vocales del CGPJ de extracción judicial.

El cambio supondría la vuelta al sistema de elección de vocales anterior al actual, en el que los dos grandes partidos pactan esos 12 nombres de una lista de 50 que les envían los jueces y magistrados avalados por las asociaciones y la carrera profesional.

Los otros ochos vocales, juristas de reconocido prestigio y con más de 15 años de experiencia en su profesión, serán elegidos a propuesta de las Cámaras y tras ser aprobados por mayoría de tres quintos, como hasta ahora.

Para concurrir, el juez o magistrado que presenta su candidatura necesita en la actualidad 25 avales o el aval de una asociación judicial. La iniciativa del PP reclama que «las candidaturas habrán de estar avaladas por un 10% de los electores, que comprendan, a su vez, un 5%, al menos, de cada categoría o por una asociación profesional válidamente constituida».

Asimismo, indica que «nadie podrá avalar más de una candidatura», en contra de lo establecido por ahora que permite el apoyo a un máximo de 12 candidatos. Finalmente, los 12 vocales deberán estar compuestos por tres magistrados del Tribunal Supremo, otros seis con categoría de magistrado y tres jueces.

El Grupo Popular presentó su enmienda el mismo día que dio por roto su acuerdo con el Gobierno para la renovación del CGPJ, a raíz de la renuncia del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, renunció como posible futuro presidente del CGPJ y del TS. 

Era el candidato pactado por PSOE y PP.

Sólo Ciudadanos quedó al margen de estos pactos y fue el único partido que defendió en el Congreso la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ.

La renuncia del juez Marchena se produjo tras la oleada de críticas por el reparto del Poder Judicial entre ambas formaciones, incluidas las de las propias asociaciones judiciales y fiscales, y tras el mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de Whatsapp con otros parlamentarios del partido en el que aseguraba que el pacto PP-PSOE permitiría a los populares controlar “por detrás” el Supremo.

El proceso de renovación está paralizado a falta de acuerdo parlamentario.

La reforma inicial de la LOPJ tenía por objeto la recuperación de los permisos y licencias del personal de la Administración de Justicia, recortados durante la crisis. Era fruto de un acuerdo entre el Ministerio, que entonces dirigía el ministro Rafael Catalá, con las organizaciones sindicales.

El pasado febrero, Catalá, a través del grupo parlamentario popular, presentó una batería de 53 enmiendas, que para los sindicatos CSIF, STAJ, CC OO y UGT “suponen un ataque sin precentes a las condiciones laborales del colectivo de la Administración de Justicia”.

Los sindicatos llevan desde el 30 de octubre de 2017 movilizándose para intentar frenar la modificación del articulado que afecta a las condiciones laborales de los funcionarios. 

Denunciaban que la reforma abría la puerta a «la movilidad forzosa y discrecional del personal de la Administración de Justicia, y suponía una vuelta de tuerca más a la politización de la Justicia”. 

Además, advertían de que dicha reforma “llevaba de la mano la destrucción de empleo”.

Tras la huelga general en Justicia de los sindicatos el pasado 16 de noviembre contra la reforma que ultima el Senado, tanto el PSOE, Grupo Mixto y Unidos Podemos presentaron enmiendas a dicha reforma sobre las condiciones laborales de los funcionarios, entre ellas que se mantengan los actuales centros de destino, como pedían los sindicatos, que también serán votadas hoy en la Comisión de Justicia.

Esta pasada semana, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria también ha denunciado que el Ejecutivo reforzará su control sobre el Poder Judicial gracias a muchas enmiendas a la LOPJ.

Informó que el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso sobre esta reforma de la LOPJ, fechado a 24 de octubre, “tiene por objeto reforzar el control de los jueces y reducir las facultades del CGPJ en torno a la digitalización y a la oficina judicial, todo ello en un ambiente crispado, en el que se percibe la confluencia de diversos intereses que, por sus propios motivos, coinciden en el objetivo de desprestigiar el Poder Judicial, a lo cual no ayudan algunas de las conductas de las altas esferas judiciales”.

La AJFV señala que desconoce si ese texto del PP, PSOE y Podemos se mantuvo en su integridad, pero elaboró un informe con enmiendas al mismo que envió el pasado 28 de noviembre al PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, al Congreso y al Senado.

La votación de hoy de las enmiendas a la reforma de la LOPJ en Comisión es el paso previo a la del Pleno del Senado, prevista para el 11 diciembre. La del Congreso previsiblemente será el 20 de diciembre.