Jordi Pina, abogado del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull se ha dirigido al tribunal que juzga el ‘caso procés’ de este modo: «Hagan de jueces y no de salvadores de la patria».
El letrado ha comenzado su alegato dudando de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente del tribunal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.
Ha aludido a una carta publicada en un medio de comunicación, en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguraba que el juez de instrucción de Barcelona que investigó los preparativos del referéndum ilegal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, ya fallecido, había «cambiado el rumbo» de España y que era un «héroe nacional».
«Son magistrados, no héroes nacionales», ha criticado el letrado, ironizando que esta afirmación hace pensar que los magistrados del alto tribunal están para «mantener la unidad de España».
«Hagan de jueces, no de salvadores de la patria», ha señalado.
Jordi Pina ha dicho que la muestra de que el magistrado Pablo Llarena «no ha sido imparcial» es que en dos de sus autos se expresó en primera persona del plural.
Sobre Marchena, ha apuntado la polémica generada por el ‘whatsapp’ del senador Ignacio Cosidó sobre que si este magistrado era elegido como presidente del Consejo General del Poder Judicial podría controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo «desde detrás».
Asimismo, ha afirmado que cuatro de los siete miembros del tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas están «contaminados», entre ellos el propio presidente.
Al respecto, ha alegado que fueron los magistrados que admitieron a trámite la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y cinco exmiembros de la Mesa, que inició la causa.
«Hay una apariencia de falta de imparcialidad» y «Europa nos dice que las apariencias son muy importantes», ha expresado.
Además, Jordi Pina ha solicitado al tribunal que reconsidere todas las pruebas que le han sido denegadas, como la declaración como testigo del Rey Felipe VI.
«Sería interesante para este proceso escuchar lo que pueda decirnos el Rey de España», ha indicado el letrado, si bien el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe expresamente la comparecencia ante el tribunal del jefe del Estado.
Jordi Pina ha planteado la posibilidad la suspensión de la vista oral para poder analizar parte de la prueba documental que ha sido admitida y a la que aún no han tenido acceso.
Ha dicho que si no pueden examinar dichos documentos antes de los interrogatorios de los acusados, se puede incurrir en una vulneración del derecho de defensa.
Asimismo, considera una vulneración que sus clientes no puedan declarar en catalán, y ha vuelto a solicitar que las declaraciones se traduzcan de forma simultánea.
Tras su intervención se ha hecho un receso de 30 minutos durante el cual los nueve acusados en prisión provisional han sido trasladados a la sala habilitada para ellos, un salón que utiliza el presidente del Supremo para recibir a visitantes.
