La AN ordena reabrir la investigación sobre el espionaje de Villarejo a un despacho de abogados

Iron es una de las nueve piezas separadas en las que se articula esta causa.

Afecta a Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, socios mayoritarios del bufete Herrero y Asociados; y a su directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno.

El actual instructor del caso Villarejo, el magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, deberá reabrirla. Por cierto, García Castellón ya tiene un nuevo refuerzo, el magistrado Alejandro Abascal.

Todos vuelven así a estar investigados por haber contratado a Villarejo y su socio, Rafael Redondo, para obtener información sobre el despacho Balder IP.

El juez De Egea, que llevaba esta causa como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, ordenó el pasado julio archivar las actuaciones sobre los investigados.

Argumentó que desconocían la condición de policía de Villarejo y los métodos presuntamente ilícitos que utilizaría para recabar la información que le estaban solicitando.

Para archivar la investigación con respecto a los responsables del bufete, De Egea señaló que no había indicios de la participación de los directivos del despacho en los presuntos delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción.

Además, rechazó un recurso de los afectados, Balder IP, en un auto en el que lamentaba la «situación de sospecha en un periodo tan prolongado de tiempo y con tan escaso material probatorio» que a su entender, venía padeciendo Herrero y Asociados.

EL AUTO, AL DETALLE

En un auto, del que ha sido ponente el magistrado Javier Vieira, el tribunal Sección Tercera de la Sala de lo Penal concluye que si se analizan «pormenorizadamente los indicios expuestos por el Ministerio Fiscal y la documentación que los soporta, necesariamente hay que concluir que en estos momentos, se mantienen indicios de la participación de los investigados respecto de los que se ha dictado el auto de sobreseimiento en hechos que inicialmente revisten caracteres delictivos».

Explica que «de las grabaciones de las reuniones mantenidas» y de la documentación intervenida en un pendrive denominado ‘Pfizer’ en los registros, se desprende que «los servicios contratados y efectivamente prestados podrían incluir el acceso ilegítimo a tráficos de llamadas telefónicas y el acceso no autorizado a movimientos de cuentas bancarias, así como en algunos casos, información tributaria y de inteligencia financiera».

Cita, por ejemplo, una reunión en septiembre de 2013 entre Carpintero, Martínez, Villarejo y Redondo de la que constan los audios y en la que «se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión».

«Tú sabes que esto es más ilegal que una patata», manifiesta Villarejo durante la conversación a uno de los socios del bufete, tras referirse a asuntos como que los datos fiscales que quieren en Hacienda no se los dan gratis o que a la gente que está siguiendo el tráfico de llamadas de los ‘espiados’ hay que «untarla» porque hacen «cosas delicadas».

«Aunque partiéramos de que el señor Villarejo hubiera reconocido solamente que fue Comisario de Policía, confesó explícitamente que obtenía irregularmente información policial a través de sus antiguos compañeros y mediante funcionarios de Hacienda, seguramente percibiendo alguna compensación a cambio, lo que integraría un delito de cohecho igualmente», señala el tribunal.

También menciona el papel que habrían desarrollado en este ‘proyecto’ de Villarejo el entonces comisario en la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, Enrique García Castaño, a la luz de dos documentos con requerimientos dirigidos a él con el apelativo ‘Big’ y relativos a los movimientos de las cuentas de Balder IP, sus números de teléfono y su información fiscal.

José Manuel Villarejo y «su socio», el número 3 de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, comisario como él, al que se le apodaba «El Gordo». Foto: ABC.

También se sitúa a otro de los investigados, el también policía Antonio Bonilla Martínez, que aparece en las notas internas de trabajo utilizadas por el Grupo Cenyt donde se recogen «datos obtenidos de las gestiones de ‘Boni'», su apelativo, «entre los que se incluyen datos bancarios de cuentas abiertas en el BBVA y Cajamar» que él habría aportado al ‘espionaje’.

«Todos estos elementos obligan pues a mantener abierta la investigación contra los referidos investigados», expone el tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido unas cuantas decisiones del juez De Egea en el ‘caso Tádem’, como poner en libertad bajo fianza a los principales socios del comisario, archivar parte de las piezas investigadas o levantar el secreto sobre la principal, poniendo a disposición de las partes la documentación ya analizada que fue intervenida al expolicía.

El magistrado Diego de Egea, antiguo instructor del ‘Caso Tándem’. Foto: Confidencialdigital.

El magistrado también se ha pronunciado en contra de la labor de los fiscales, la última vez en un auto en el que confirmaba su decisión de archivar esta pieza relativa al espionaje del citado despacho de abogados y en el que acusaba a Anticorrupción de hacer investigaciones “prospectivas”.

Mientras, desde el Ministerio Público se ha venido poniendo en duda en los recursos presentados la precipitación del juez a la hora de adoptar estas decisiones, pues entiende que la gravedad de los delitos investigados justifica la prisión provisional de los socios de Villarejo que han sido puestos en libertad y el mantenimiento del secreto de las actuaciones.

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