El Tribunal Supremo ha acordado hoy requerir al Gobierno una copia del acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo que puso fecha a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, antes de decidir sobre la suspensión cautelar solicitada por la familia.
En concreto, el tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo pide el acuerdo que estableció la exhumación y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en el municipio de El Pardo, el próximo 10 de junio, además de los antecedentes de dicha resolución que obren en el expediente administrativo.
Tanto la familia como la Fundación Nacional Francisco Franco solicitaron al Alto Tribunal la paralización de la exhumación en base a la decisión del Gobierno del 15 de febrero, que daba la orden pero no incluía ninguna fecha concreta. Después, el Ejecutivo aprobó este segundo acuerdo ya con la fecha.
El tribunal ha deliberado hoy sobre el recurso presentado por la familia, al que se adhirió la Fundación Nacional Francisco Franco. Hay cuatro recursos contra la exhumación. Los otros son de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos y de la comunidad benedictina de la Abadía del Valle.
El Ejecutivo fijó la fecha para exhumación sin esperar a que el Supremo decidiera sobre la suspensión cautelar del traslado de los restos, pero indicó que la fecha puede ser pospuesta si el tribunal anulara o suspendiera esa decisión del Ejecutivo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, señaló tras el Consejo de Ministros del 15 de marzo que con este último paso “se está ejecutando la Ley de Memoria Histórica” del año 2007. “Una ley propia del esfuerzo de una democracia por atender los informes de la Naciones Unidas”, añadió.
Insistió en que el 10 de junio “se concluirá con el procedimiento” de la exhumación, cumpliendo con el acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018, por el que se inició el procedimiento administrativo.
También manifestó que si la familia quiere, que celebre una “íntima” ceremonia, dejando claro que sólo sería “para los familiares”.
LOS RECURSOS
La familia envió una carta al Gobierno a principios de marzo anunciándole que presentaría dicho recurso, y manifestó que si el Supremo avala la exhumación, los restos deben ser llevados a La Almudena, una ubicación que el Gobierno rechaza alegando riesgos para la seguridad y el orden público.
“Sólo en el hipotético caso” de que el Supremo, además de avalar la exhumación, también reconociera el derecho del Gobierno de vetar la elección del nuevo lugar de enterramiento por parte de la familia si no la considera idónea, los nietos accederán a elegir un lugar distinto a la cripta de La Almudena, pero después de que el Gobierno les conceda “un plazo razonable” para tomar esa decisión.
También dijeron al Ejecutivo que los restos de Franco “no son de su propiedad, ni constituyen un bien de dominio público del que el Gobierno pueda disponer a su antojo” puesto que “la única facultad de disposición de los mismos recae en sus familiares directos”.
Y destacaron que no hay precedentes en la historia de España de “ningún cadáver español respecto del cual el Gobierno imponga o condicione un lugar de inhumación a sus familiares”.
Por su parte, los monjes del Valle informaron en un comunicado que “la Comunidad benedictina se ha visto obligada a recurrir” ante la “imposibilidad de aceptar que los poderes públicos puedan actuar libremente en un recinto sagrado sin la necesaria autorización eclesiástica”.
La Fundación Nacional Francisco Franco pidió la suspensión cautelar para que el Gobierno no pueda usarlo como “bandera estrella” ante las elecciones del 28 de abril. Manifiesta que como el Gobierno tiene inconvenientes en llevar los restos a la céntrica cripta de La Almudena, “lo que hace es acordar algo ilegal” dando un nuevo plazo a la familia para que elija una nueva ubicación -posibilidad no contemplada en el procedimiento inicialmente previsto- por las “prisas” que tiene en exhumar a Franco para hacer de esta operación “una bandera estrella para las elecciones generales venideras”.
Además, señala que no existe interés general en la exhumación con carácter urgente de Franco, sino “partidista”, dado que lleva 44 años enterrado en el Valle de los Caídos sin que ningún Gobierno anterior, ni siquiera con mayoría absoluta, haya dado paso alguno por sacarlo. “Una situación perfectamente estable y consentida que dura décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación”, añade.
