La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha pedido al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada ley “de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”.
Esta ley fue aprobada el pasado 26 de marzo en el Parlamento de Navarra y publicada en el BOE el 16 de abril.
Fue impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, y obtuvo el apoyo de los grupos proponentes, aunque con reservas en algún caso, al considerar que se ha vaciado de contenido, la abstención del PSN y el rechazo de UPN y PPN.
Reemplaza la Ley Foral navarra 16/2015, de 10 de abril, de ‘reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’, que recurrió el PP, y a la que el Tribunal Constitucional anuló los artículos esenciales al estimar que invadían competencias exclusivas del Poder Judicial, dado que tenía como objetivo indagar y esclarecer los casos.
UniónGC ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo en el que le expone que la Ley Foral 16/2019, conocida como Ley de abusos policiales, es «sustancialmente idéntica a la declarada inconstitucional».
«A juicio de UniónGC, no difiere en gran medida de las causas que motivaron la presentación inicial del recurso de inconstitucionalidad, y que fue declarada inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional», traslada a Fernández-Marugán el secretario general de la asociación, Ramón Rodríguez Prendes.
Señala que esta ley foral «pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución en su articulado».
«Su finalidad se dirige al reconocimiento y reparación de supuestas víctimas de motivación política en ella especificadas en acciones acontecidas desde el año 1950 dentro del territorio de Navarra», detalla.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también considera «inadmisible» esta ley. La ve «un intento de blanquear la historia, porque en Navarra no hubo bandos, sino una banda terrorista».
«Ya sólo el título de la norma es por si ofensivo hacia los servidores públicos, como los que representa este sindicato», ha expuesto el SUP, y ha criticado que esta ley «criminaliza a la policía, hasta cuando no lo haya hecho el poder judicial».
También ha alzado la voz en contra la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que considera que esta norma es “gemela” de la aprobada recientemente por el Parlamento Vasco, y que en ambas “buscan retorcer el relato del terrorismo para convertir a los verdugos en víctimas y viceversa”.
La ‘Ley de abusos policiales’ salió adelante el pasado 4 de abril con los votos a favor del PNV y el PSE-EE y las abstenciones de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en la mayoría de los artículos, mientras que el PP se posicionó en contra.
Esta ley también fue recurrida por el PP ante el Constitucional. Cuando llegó Pedro Sánchez a Moncloa, el Gobierno acordó con el ejecutivo vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad a cambio de que se introdujeran varios cambios que dejaran claro que su objetivo no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados.
Asociaciones de agentes y de víctimas subrayan que “la ley aprobada ahora sigue teniendo el mismo principio de inconstitucionalidad que la anterior, y vulnera el artículo 117 de la Constitución”.
Consideran que la reforma aprobada “es un mero maquillaje de la Ley original, una burla para el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el conjunto de la ciudadanía que han sufrido durante décadas la lacra del terrorismo de ETA”.
El SUP la ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Ha presentado un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que desestimó uno anterior planteado por el SUP contra la citada norma.
Ha anunciado su intención de llegar al Tribunal Constitucional de ser necesario «en su compromiso de defender la dignidad y la imagen de los miembros de la Policía Nacional».
