De Lara recurre la sanción del CGPJ y alega que buscan ‘apartarla’ de su juzgado

La magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, ha recurrido la sanción que le ha impuesto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que implica pérdida de destino.

El pasado 28 de marzo, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó imponerle una sanción de 7 meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Al ser superior a los seis meses, conlleva un cambio forzado de destino.

El expediente disciplinario tiene como origen las dilaciones indebidas en el contexto de la numerosas (y mediáticas) macrocausas que lleva.

La falta muy grave consiste en “la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”.

De Lara tenía un mes para recurrirla, y ha agotado el plazo. Su abogado, el magistrado en excedencia Agustín Azparren -exvocal del CGPJ y miembro de la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces entre 2001 y 2007-, cursó ayer el recurso.

Alega que la decisión busca únicamente «apartarla» de este juzgado, donde instruye macrocausas como la ‘Carioca’, sobre redes de prostitución, o la ‘Pokémon’, sobre supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas.

Azparren sostiene que, con la sanción, el CGPJ «ha actuado con una finalidad, la de apartar a la jueza del juzgado».

Se ampara en «el hecho de que da la impresión de que la inspección siempre había valorado correctamente la actuación de la jueza».

Dice que «un expediente de seguimiento que se hizo al juzgado estuvo inactivo durante más de dos años».

«Además, se inadmitió toda la prueba testifical que habíamos propuesto, que lo que trataba es probar el alto rendimiento y la dedicación de la magistrada».

Azparren niega «falta de desatención» de la que acusa el CGPJ a la magistrada.

Aemás, considera que «la pena es desproporcionada», y dice que aunque «el fiscal pidió tres meses» y «ella no tiene antecedentes disciplinarios», le impusieron más siete meses.

«Nunca fue expedientada hasta este momento, a pesar de todos los años que lleva en el juzgado (desde 2007), con tantas causas, que lo normal es que recibiera muchas quejas o hubiera tenido algún problema, y, sin embargo, desde el 2007 nunca tuvo un expediente disciplinario», ha expuesto.

El abogado de Pilar de Lara ha también ha señalado que cuando se abren expedientes «se suele imponer la sanción mínima, que suele ser de un mes, como mucho de tres meses, que es lo que pide el fiscal, pero nunca de siete meses y un día, que además supone pérdida de destino».

La propuesta de resolución del teniente fiscal -número 2 de la Fiscalía-, Luis Navajas, fue de “tres meses de suspensión de empleo y sueldo”.

La sanción de 7 meses fue propuesta por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, y fue acordada por unanimidad por los vocales de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, integrada por los magistrados Wenceslao Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez, Victoria Cinto, Roser Bach Fabregó, la letrada de la Aministración de Justicia, María de los Ángeles Carmona Vergara, y los abogados Vicente Guilarte Gutiérrez y Enrique Lucas Murillo de la Cueva. 

Azparren indica que «parece que es un pena muy desproporcionada para los precedentes que hay».

«Aquí parece que lo que hay es que no nos gusta su forma de instruir y la única solución que ven, entre comillas, desde el punto de vista disciplinario, es imponerle una sanción que lleva implícita pérdida de destino», ha concluido.

La suspensión será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa.

La magistrada confía en que el Pleno del CGPJ revoque la sanción, y echa la culpa de lo que le ha sucedido a la falta de medios, que se supone que tendría que haber facilitado la Xunta, mientras que por su parte, el gobierno autonómico asegura que el Juzgado de Pilar de Lara está reforzado desde hace años.

Si el Pleno del del CGPJ le tumba el recurso en alzada, puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

DE LARA FUE DENUNCIADA A PRINCIPIOS DE 2018 POR VARIOS ABOGADOS

De Lara fue denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial a principios de 2018 por varios abogados, descontentos con su actuación profesional.

El pasado 30 de octubre, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, le abrió expediente disciplinario por la supuesta comisión de una falta muy grave, dos graves y una leve, previstas en los artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 y 418.16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

REPRENDIDA POR EL SUPREMO Y POR LA AUDIENCIA NACIONAL

Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional le han reprochado el envío de un caso dos años y medio después de haberse inhibido. También otros juzgados de instrucción de Galicia y de Asturias, por la misma causa.

En abril de 2018, la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Carmen Lamela, también reprendió a Pilar de Lara por haberle enviado una causa dos años y medio después de haber decidido remitirla al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional.

En septiembre, la magistrada Ana López-Suevos Fraguela, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Santiago de Compostela, a quien le correspondió una de las dos causas que De Lara envió al Juzgado Decano para su reparto, reprendió a De Lara por enviarle una causa con 4 años de retraso tras haberse inhibido.

A principios de febrero, el exmagistrado de la Audiencia Nacional y abogado, Carlos Bueren, también reprochó a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo que no cumple lo que le ordena la Audiencia Provincial.