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La Xunta asegura que el Juzgado de Pilar de Lara está reforzado desde hace años

La magistrada Pilar de Lara está bajo la lupa del promotor de la Acción Disciplinaria. Cadena Ser.
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El Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, del que es titular la magistrada María del Pilar de Lara Cifuentes, de 50 años, lleva reforzado con cuatro funcionarios adicionales desde hace años, según la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, que contesta así a la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), la cual dirigió esta semana un escrito advirtiendo del «colapso total» de dicho Juzgado y exigiendo un plan de actuación urgente para evitarlo.

Dicho Juzgado tiene «tres funcionarios», además de los de la planta, «a los que se sumó un cuarto del servicio de apoyo del Decanato de Santiago», explicaron fuentes de la Xunta al diario El Progreso de Lugo.

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La magistrada, además, ha dispuesto también de refuerzo, hasta hace seis meses, y durante, al menos tres años, de un juez de Adscripción Territorial (jAT), José Luis Deaño Rodríguez -hoy titular del Juzgado de Primera Instancia 5 de Lugo-, así como de un letrado de la Administración de Justicia adicional. 

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La Xunta tiene muy presente la investigación que llevó a cabo al Juzgado de De Lara un equipo del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), formado por tres personas, el pasado mes de mayo y está a la espera de los resultados a fin de tomar una decisión sobre si es necesario reforzar doblemente dicho órgano judicial.

Fue la tercera inspección en los últimos cuatro años.

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Las anteriores se produjeron a instancia del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas. 

El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Ricardo Conde, por su parte, tiene abiertas unas diligencias informativas a la magistrada que tienen su origen en una serie de quejas recibidas por parte de abogados de los investigados en macrocausas abiertas por De Lara y que llevan más de 7 años de instrucción.

De acuerdo con los letrados, muchas de las macrocausas abiertas por la magistrada «son microcausas convertidas en tales por acumulación de papel y de prácticas de diligencias innecesarias», como por ejemplo solicitar todos los contratos realizados por los Ayuntamientos desde ocho o diez años atrás.

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Los abogados recuerdan  los sucesivos “correctivos” impuestos a varias de las instrucciones de De Lara por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, y su polémica con la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela -nueva magistrada del Tribunal Supremo, a la que envió la instrucción de un caso del que se había inhibido dos años y medio antes, han revelado la ineficacia de las instrucciones abiertas por la magistrada hasta ahora.

UN JUZGADO ANEGADO DE CAUSAS

La CSIF Sector Justicia Lugo llamó esta semana la atención sobre el estado en el que se encuentra el Juzgado de la magistrada de Lara: «Nos encontramos con una pendencia de más de 800 diligencias previas (investigaciones, en lenguaje de la calle), con macrocausas como la Operación Carioca (con 270 tomos y 30 piezas que suponen más de 80 investigados) y la Operación Pokemon (con 235 tomos y 35 investigados) y otros asuntos que pueden llegar a sumar casi 500 tomos más».

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CSIF reconoce que De Lara ha dispuesto de 1 juez, un secretario judicial y 2 funcionarios de refuerzo -no cuatro, como afirma la Xunta-. Y denuncian la falta de medios materiales y humanos.

«La deficiencia de medios es patente a lo largo de la tramitación de las causas, especialmente de las macro causas, donde existe una cantidad ingente de partes personadas y cuyos autos son muy voluminosos», explican en su escrito.

«Dado que la Xunta no dispone como en otras comunidades autónomas de un sistema de NUBE donde puedan quedar almacenados los informes, son las partes las que aportan rudimentariamente los discos duros o pen drives que en ocasiones vienen con virus y troyanos», añaden.

Y denuncian una situación insostenible que «provoca un alarmante desbordamiento del trabajo en los funcionarios, a lo que se une la desmotivación, estrés y ansiedad, produciendo una situación de ‘síndrome del trabajador quemado’, precisamente por el exceso de responsabilidad ante una carga de trabajo insostenible».

Finalmente advierten que si no se hace nada se produce irá el «colapso total del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo en breve espacio de tiempo», por lo que piden a la Xunta un «plan de actuación en este Juzgado».

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