Hablamos Español presenta una queja ante el Defensor del Pueblo contra la portavoz del gobierno catalán
Esta entidad considera que Meritxell Budó habría "conculcado los derechos lingüísticos de los periodistas que asisten a sus ruedas de prensa". Foto: EP

Hablamos Español presenta una queja ante el Defensor del Pueblo contra la portavoz del gobierno catalán

Por haberse negado a responder a una periodista una pregunta en castellano "con el argumento de que no había sido formulada anteriormente en catalán"
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17/6/2019 12:01
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Actualizado: 17/6/2019 12:01
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La asociación Hablamos Español ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, contra la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, en relación con su «negativa de usar la lengua española en sus ruedas de prensa».

Según señala esta entidad, que preside Gloria Lago, el pasado 11 de junio, Budó se negó a responder a una periodista una pregunta en castellano «con el argumento de que no había sido formulada anteriormente en catalán».

Ocurrió durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno autonómico.

Para Hablamos Español, con su actitud, Budó habría «conculcado los derechos lingüísticos de los periodistas que asisten a sus ruedas de prensa, que gozan del derecho a utilizar el español sin ningún tipo de restricción, debiéndose evitar cualquier práctica que suponga la exclusión del empleo del idioma español o su relegación».

Hablamos Español denuncia que es «inadmisible que por parte de organismos públicos o representantes de la Generalidad de Cataluña se trate como ciudadanos de segunda a aquellos periodistas que usen la lengua española en Cataluña y se les impida usar libremente el español, imponiendo el requisito de formular previamente sus preguntas en catalán».

Destaca que en Cataluña, tanto el castellano como el catalán son lenguas cooficiales y, por tanto, podrán ser utilizadas por los ciudadanos libremente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Española como en el artículo 4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística de la Generalidad de Cataluña.

En su escrito al Defensor del Pueblo, Hablamos Español que «se adopten las medidas adecuadas para impedir en el futuro cualquier tipo de discriminación a los profesionales del periodismo que empleen el español en las ruedas de prensa de la Generalidad, que deberá permitir formular preguntas indistintamente en cualquiera de los dos idiomas oficiales sin restricción alguna».

Esta entidad también señala que Budó, en su condición de alcaldesa del municipio barcelonés de La Garriga, en 2018 recriminó al concejal de Ciudadanos, Ángel Guillen, la utilización del castellano para felicitar a los andaluces residentes en Cataluña en el día de su comunidad, lo que a juicio de Hablamos Español «podría ser revelador de una actitud de hispanofobia por parte de la citada portavoz de la Generalidad».

BUDÓ SE DISCULPA DEL TONO, PERO REAFIRMA SU POSTURA

Meritxell Budó se disculpó el pasado viernes por el tono utilizado al rechazar responder esta pregunta en castellano cuando antes no se había formulado en catalán.

«Me sabe muy mal», señaló, aunque insistió en su tesis de que el turno de preguntas en castellano sirve para repetir las realizadas en catalán.

«Los 10 minutos finales son para repetir aquellas respuestas que se han dado en catalán», dijo, a lo que añadió que sus palabras no fueron del todo afortunadas y reconoció que no se utilizó el tono que requiere de una portavoz del gobierno, en sus palabras.

LA CRUZADA DE HABLAMOS ESPAÑOL

Hablamos Español es una asociación que representa «los intereses y derechos de los hispanohablantes en todo el ámbito territorial de España», y propugna la «libertad de elección lingüística en las Comunidades con lenguas cooficiales».

Nació en el verano de 2017 alertando de que hasta el momento eran «Cataluña, Galicia, Islas Baleares y País Vasco las comunidades perjudicadas”.

Según ha informado a Confilegal, “ahora se suma también la Comunidad Valenciana a la lista de lugares de España donde la imposición lingüística se acelera”.

Señala que “en la actualidad la imposición lingüística está más que asentada en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares”, y que“empieza a haber también inquietud en Asturias”.

Esta asociación defiende una política lingüística basada en la libre elección de lengua, que tenga como eje los derechos de las personas, y que estas “no se pongan al servicio de la conservación de las lenguas”.

Persigue la elección de lengua vehicular en la enseñanza, y que se pueda estudiar en español en toda España.

Otras de sus batallas son el bilingüismo en la administración, que ser hispanohablante no suponga un impedimento para viajar, establecerse en una comunidad española o acceder a una oposición en cualquier lugar de nuestro país.

Por ello, pide que el español esté presente en la Sanidad, en edificios y documentos oficiales, en informacion turística y en señales de tráfico, y que un empresario pueda rotular su negocio en la lengua que quiera.

Para lograr su objetivo reclama que se apruebe una ley que garantice nuestros derechos.

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