El PP ha pedido al Tribunal Supremo que se de por enterado de que la Audiencia Nacional va a valorar la supuesta imparcialidad de José Ricardo de Prada, uno de los tres magistrados del tribunal que juzgó el caso Gürtel (1995-2005), y al que se le atribuyen las frases más duras de la sentencia.
La formación y el extesorero del partido Luis Bárcenas presentaron un incidente de recusación contra este magistrado progresista en otra de las causas que tiene pendientes de juzgar: la llamada ‘caja B’ del PP.
El pasado 2 de agosto, Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, procurador de los tribunales y del PP presentó un escrito ante la Sala de lo Penal del Supremo -que ha sido difundido hoy- informando de la admisión a trámite de sendas recusaciones contra de Prada, de 25 de junio de 2019 (Incidente de Recusación 3/2019) y de 28 de junio (Incidente de Recusación 4/2019); una de ellas por tener «interés directo o indirecto en el pleito o causa».
En dicho escrito, la representación letrada del PP explica que una de las razones para esa admisión -exartículo 219.10a (“Tener interésdirecto o indirecto en el pleito o causa”)- es coincidente en su contenido con la que exponían en su recurso de casación «para sustentar la vulneración del derecho fundamental del Partido Popular a un juez imparcial».
Sánchez-Puelles informa que el auto del 25 de junio -también difundido hoy– considera que este apartado 10o del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) “ha de ser interpretado a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, en el sentido de que (…) incluye necesariamente la apariencia de parcialidad que pueda proyectarse a la sociedad de forma objetivamente justificada porque lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”.
Dice que a partir de ello, la recusación de De Prada debe ser estudiada en su fondo, pues no se trata “de la alegación de «mera ideología» o «afinidad», sino de la admisión a trámite por la alegación de haberse producido manifestaciones públicas, y realizados actos de participación en cargos de significativa relevancia política, vista la trascendencia, asimismo política, del caso”.
Por otro lado, la representación letrada del PP señala que el auto de 28 de junio de 2019, además de lo anterior, también añade que las afirmaciones que, sobre el Partido Popular, se han vertido en la sentencia del 17 de mayo de 2018 «tendrían su encaje, en su caso, en el artículo 219.10a de la LOPJ como subsidiariamente alega la parte recusante».
Y agrega: «Según el resumen que realiza dicho auto del informe de De Prada, este no niega que los términos en que está redactada la sentencia que hemos recurrido en casación sean reveladores de parcialidad, sino que expresan ‘la voluntad de un tribunal colegiado, sin que pueda atribuirse a ningún magistrado en concreto esa redacción'».
Una afirmación, la del magistrado De Prada, con la que discrepa el magistrado Ángel Hurtado, quien presidió todo el juicio, como quedó bien patente en su voto particular, de forma expresa.
«Considero que no era necesario introducir los referidos pasajes, porque, estando encartado el P.P. como partícipe a título lucrativo, hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos», escribe Hurtado.
«Si la propia mayoría está diciendo que introduce ciertos aspectos ‘únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento’, mejor hubiera sido que no dijera nada y, en su lugar, no haber incluido un párrafo que reconoce que queda fuera de su conocimiento, máxime cuando la mención que se hace para salvar esa, en mi opinión, indebida referencia al contexto, tampoco era necesaria», añade el magistrado.
Desde su punto de vista, no cumple la regla segunda del artículo 142 de la Ley de la LECrim.
En virtud de lo expuesto, la representación letrada del PP pidió al Supremo que «con el amparo genérico del artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y con el mejor afán de colaborar rectamente a la efectividad de la tutela judicial con la aportación de una resolución judicial relevante» y posterior a su recurso, admitiera este escrito y, en su virtud, tomara conocimiento de estos autos, a los efectos que pudieran ser oportunos.
El pasado octubre, el PP también reclamó al Supremo que anulara la sentencia del ‘caso Gürtel’, dicte una en la que absuelva al PP como partícipe a título lucrativo o, en su defecto, que se repita este juicio por la primera época de la trama por un tribunal “sin apariencia de parcialidad”.
La formación afirma que De Prada “coadyuvó” para el cambio de Gobierno a favor del PSOE.
El fallo de la Gürtel, primera época, fue el origen de la moción de censura en el Congreso contra Mariano Rajoy, urdida por Pedro Sánchez, que provocó la caída del ‘popular’ y su sustitución por el líder del PSOE.
En junio del año pasado, el juez De Prada se quejó en una entrevista en El País que “en los últimos tres años, coincidiendo con Gürtel», ha sufrido «más ataques como juez, desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos, que en los otros casi 30 restantes» que lleva trabajando en la Audiencia Nacional.
“Y no solo yo, también mi familia. Se ha utilizado cualquier pretexto para ello. Y únicamente mi asociación profesional -Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- ha salido en ocasiones en mi defensa. Desde luego, no el Consejo General del Poder Judicial, que en mi opinión debería haberlo hecho”, manifestó recriminando la postura del órgano de gobierno de los jueces.
Como publicó el pasado abril Confilegal, De Prada ha regresado a su puesto en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras pasar por el tribunal que revisó la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzi, a quien el pasado 20 de marzo la Cámara de Apelaciones del Mecanismo Residual para Tribunales Penales Internacionales impuso cadena perpetua en el proceso por el genocidio en Srebrenica y los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Bosnia y Herzegovina (1992-1995).
Desde 2011, este magistrado forma parte del llamado Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales, y desde abril de 2018 estaba en situación de servicios especiales en el Tribunal Internacional de La Haya.
Una vez ha concluido el trabajo que venía desempeñando allí, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el pasado 7 de marzo su regreso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Reemplazará a la magistrada María Riera Ocariz, que pasó a adscrita a la Sala de lo Penal, y que integraba junto a María José Rodríguez Duplá, y María Fernanda García Pérez el tribunal.
Fernanda García será la ponente del fallo.
En agosto de 2018, De Prada fue designado integrante del consejo asesor creado en el Ministerio de Justicia para la recuperación de la jurisdicción universal.
Además, José Ricardo de Prada fue uno de los juristas pactados por el PP y el PSOE para el próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo proceso de renovación quedó paralizado definitivamente el 21 de noviembre, después de que el magistrado Manuel Marchena anunciara su renuncia como posible futuro presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo.
De Prada fue propuesto por el PSOE.
En la comparecencia de De Prada ante la Comisión Consultiva de Nombramientos de la Cámara Baja, el diputado del PP Carlos Rojas cuestionó los “méritos” de este magistrado para formar parte del CGPJ, pese a haber aceptado la formación su nombre por el pacto alcanzado con el PSOE.
“Con el mayor de los respetos, no comparto parte de su trayectoria. Hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted”, espetó el popular a De Prada.
“Si se incorpora al órgano de gobierno de los jueces dejará lo que estaba usted haciendo, y es bueno para justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias”, dijo.
El magistrado, por su parte, defendió su independencia y su labor la frene de tribunales internacionales: “Mi independencia queda acreditada a lo largo de toda mi trayectoria profesional”.
