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Camps irá a juicio por la adjudicación del stand de Fitur 2009 a la Gürtel

La Audiencia Nacional rechaza el recurso del expresidente valenciano contra su imputaciónLa AN señala que han quedado acreditados los indicios de criminalidad que exige la ley para continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado y ello con independencia de que puedan o no ser suficientes en su caso para fundar una condena de los investigados por el delito imputado.
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La Audiencia Nacional ha confirmado que hay indicios para juzgar al expresidente valenciano Francisco Camps en relación con la contratación irregular de la trama Gürtel para el montaje del expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009.

Por tanto, irá a juicio.

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El tribunal de la Sala de lo Penal de la AN (Sección Cuarta) ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por Camps contra el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 que desestimaba el recurso de reforma interpuesto por éste contra la resolución del 3 de junio que acordaba continuar con las actuaciones respecto al investigado.

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En consecuencia, se confirman ambas resoluciones.

Asimismo, ha rechazado la solicitud de nulidad de actuaciones.

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La Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel.

Según señala en su escrito, Camps dio verbalmente instrucciones a la exdirectora general de promoción institucional Salvadora Ibars para que le adjudicasen a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de ese stand por 366.529 euros.

La acusación popular que ejerce el PSOE pide una condena de 9 años de prisión por un presunto delito continuado de malversación en concurso con prevaricación y tráfico de influencias.

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Francisco Camps, por su parte, asegura que las adjudicaciones a Orange Market fueron “correctas” y que su gobierno actuó “bajo el imperio de la ley”.

En un auto, con fecha de hoy, los magistrados de la Audiencia Nacional Ángela Murillo Bordallo, Carmen Paloma González Pastor y Fermín Javier Echarri Casi señalan que han quedado acreditados los indicios de criminalidad que exige la ley para continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado y ello con independencia de que puedan o no ser suficientes en su caso para fundar una condena de los investigados por el delito imputado.

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Los jueces detallan todos los indicios que incluye el auto recurrido, como por ejemplo el conocimiento de Camps de la existencia de deudas del PP de Valencia con la mercantil Orange Market, así como los procedimientos de pago o la participación de Camps en adjudicaciones relacionadas con Álvaro Pérez Alonso, ‘el bigotes’.

También, señalan que ha quedado acreditado indiciariamente la participación directa y personal de Camps en la adjudicación irregular del stand de grandes eventos Fitur 2009 y que, de hecho, «venía direccionando la adjudicación de la contratación de Fitur en favor de la empresa de Álvaro Pérez Alonso desde años atrás”.

Del mismo modo, consideran indiciariamente acreditada la estrecha relación entre Camps y Pérez Alonso por la existencia de la importante deuda que el PP de Valencia tenía con Orange Market.

“Las adjudicaciones de contratos direccionados por Camps Ortiz se produjeron con la finalidad de ganar tiempo y calmar a Pérez Alonso ante los continuos requerimientos que hacía (presionado por Crespo y Correa Sánchez) para que se saldara la cada vez más voluminosa deuda del PP de la Comunidad Valenciana con Orange Market, que no era abonada, lo que creaba una situación difícil para la subsistencia de la empresa”, afirman.

Los magistrados afean a Camps que en su recurso se limite a «mostrar su discrepancia con la valoración de las diligencias de investigación practicadas, con el inadmisible afán de sustituir la valoración indiciaria verificada por el instructor en la resolución recurrida por la suya propia, lo que lógicamente no es posible, ya que es una función exclusiva y excluyente del instructor».

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Además, el tribunal recuerda que lo que hace el juez en un auto de procesamiento es «detallar los indicios tenidos en cuenta para la fijación de los hechos punibles y de las personas responsables» y en este caso de Camps son «bastantes y suficientes a los fines de acordar la continuación del procedimiento».

Los magistrados tampoco dan la razón a Camps en su denuncia de que en su caso se ha vulnerado la Directiva Europea sobre el derecho a la información en los procesos penales. Consideran que los argumentos que el expresidente exponía en su recurso a la Sala de lo Penal «demuestran el conocimiento del contenido» de la instrucción, por lo que opinan que no se ha producido «ninguna indefensión».

En el auto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata encausó a Camps señaló que existe «un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market».

De la Mata lo imputó por un presunto delito de prevaricación, si bien dejó la puerta abierta a otras posibles imputaciones. La Fiscalía añadió el presunto delito de fraude.

Por este caso también están encausados, entre otros, el propio Correa, su mano derecha en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, y el considerado ‘número dos’ de la trama corrupta, Pablo Crespo.

TAMBIÉN IRÁ A JUICIO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE LA FÓRMULA 1

El pasado julio, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, María del Carmen García Mingo, abrió juicio oral contra Camps por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de F1 de la capital valenciana.

Por un presunto delito continuado de malversación, en concurso con un supuesto delito de prevaricación administrativa, y por un presunto delito de tráfico de influencias.

La magistrada tomó esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó archivo de la causa al no ver malversación e incidió en que la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.

Sin embargo, la acusación particular, la Abogacía de la Generalitat, presentó escrito de acusación con una petición de casi 8 años de prisión para Camps por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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