El Tribunal Supremo ha avalado, por unanimidad, la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que había sido recurrida por la familia de Franco.
La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, ha informado que el Gobierno intentará exhumar los restos y enterrarlos de nuevo en el panteón del cementerio de El Pardo antes de la campaña electoral.
Por su parte, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, ha anunciado que agotarán todos los recursos que están a su alcance.
Recurrirán ante el Tribunal Constitucional y si el tribunal de garantías avala al Supremo, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
«Jamás pensábamos que el Supremo pudiera validarla», ha indicado en declaraciones a TVE, y ha criticado que a la familia de Franco se le niegue el «derecho básico» de enterrar a sus muertos «donde estima conveniente» y que el Gobierno pueda «excepcionar» ese derecho porque el apellido sea Franco.
El tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (Sección Cuarta) ha estado estudiando las alegaciones presentadas por la familia Franco y otras tres partes personadas contrarias a la exhumación -la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos-, y también la de la Abogacía del Estado en favor de la decisión del Gobierno de sacar los restos del Valle.
Hoy se ha reunido para la votación y fallo del recurso interpuesto por la familia. La reunión ha comenzado a las 10 de la mañana y una hora y media después el Supremo ha informado del veredicto.
Ha rechazado en su totalidad el recurso de la familia contra los acuerdos de exhumación e inhumación de los restos de Franco dictados por el Ejecutivo.
El tribunal que ha decidido sobre este asunto está integrado por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata Pérez (presidente), Pilar Teso Gamella, Segundo Menéndez Pérez, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, y José Luis Requero Ibáñez.
El magistrado Murillo de la Cueva será el ponente del fallo.
El pasado 4 de junio, el tribunal decidió, por unanimidad, suspender cautelarmente la exhumación, que estaba prevista por el Gobierno para el 10 de junio.
El Supremo justificó la paralización de la exhumación en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, «los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».
Los recursos se presentaron contra el acuerdo por el que el pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros autorizó la ejecución de la exhumación, siempre y cuando la familia de Franco accediera a elegir una ubicación distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena.
Ante la negativa de la familia de renunciar a enterrar a Franco en la sepultura que posee a perpetuidad en la catedral, una ubicación que el Gobierno rechaza alegando riesgos para la seguridad y el orden público, el Ejecutivo aprobó el 15 de marzo otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos de Franco en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, y fijaba para el 10 de junio la exhumación.
En sus alegaciones sobre el fondo, la familia Franco calificaba de «precipitada» la decisión del Gobierno y denunciaba que encajaba en una voluntad «electoralista» sin justificación.
Por su parte, la Abogacía del Estado señalaba que todas las decisiones del Ejecutivo encajan en la legalidad y no vulneran derechos de la familia de Franco, por lo que deben tramitarse en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.
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