Firmas
El contrasentido de que Pilar de Lara continúe en su Juzgado hasta que el Supremo resuelva
La magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, fue denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial por varios abogados, descontentos con su actuación profesional. Esa fue el origen de la dura sanción impuesta.
LA MAGISTRADA HA ANUNCIADO QUE RECURRIRÁ AL SUPREMO PARA QUE SE SUSPENDA LA APLICACIÓN DE SU SANCIÓN
27/9/2019 13:03
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Actualizado: 27/9/2019 15:32
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ayer suscribió en su totalidad el informe que uno de sus vocales, la magistrada Mar Cabrejas, había elaborado respaldando, así, la sanción que su Comisión Disciplinaria impuso a la magistrada el pasado mes de marzo.
Una sanción que fue tomada por unanimidad de sus siete miembros, hay que recordar.
La unanimidad en la Comisión Disciplinaria no es fácil de conseguir.
Hemos sido testigos, en muchos asuntos durante el último año, que esto no se producía.
Pero en este caso, entre sus componentes –Wenceslao Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez, Victoria Cinto, Roser Bach Fabregó, la letrada de la Aministración de Justicia, María de los Ángeles Carmona Vergara, y los abogados Vicente Guilarte Gutiérrez y Enrique Lucas Murillo de la Cueva- no hubo ninguna disensión.
Es cierto que la propuesta venía avalada por un informe contundente y muy trabajado del promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Ricardo Conde, quien, a su vez, se había nutrido del trabajo que los inspectores del CGPJ habían hecho en mayo del año pasado «in situ».
Los hechos que han conducido al Pleno del CGPJ a tomar esta decisión son, como menos, tozudos.
De su lectura no cabe creerse, de ninguna de las maneras, que la magistrada haya sido «una víctima», como ha venido proclamando ella durante los últimos meses.
Muy al contrario.
El informe de la Disciplinaria no deja lugar a dudas.
«La conducta sancionada viene constituida por ese descontrol, inhibición absoluta o desidia mantenida en el tiempo en el orden de tramitación de los asuntos, que conlleva la elección de unos asuntos sobre otros sin un criterio objetivo que lo justifique», dice el acuerdo.
El perfil que emerge del texto es el de una pésima instructora, desorganizada y poco productiva.
El acuerdo adoptado, recordemos, partió del Expediente Disciplinario 21/2018, elaborado por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, que resumía en 7 puntos las irregularidades encontradas en un total de 65 causas en trámite (Carioca –la mayoría– y Condor) que constituyeron el objeto del expediente.
Son 7 puntos muy claros:
1.- Escasa actividad instructora;
2.- Ausencia de previsión alguna sobre la conclusión;
3.- Desplazamiento de la actividad instructora al Ministerio Fiscal;
4.- Falta del control debido y exigible de las respectivas actuaciones de investigación;
5.- Falta del control debido y exigible y de seguimiento de medidas cautelares;
6.- Generación –derivada de tal forma de actuar– de una pendencia de asuntos en trámite desmesurada y difícilmente asumible y
7.- No haber promovido ante los órganos competentes que se depurasen responsabilidades.
REPROCHES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y LA AUDIENCIA NACIONAL
A esto hay que unir también los reproches del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional a sus instrucciones. Los envíos de casos, más de dos años después de haber inhibido, y, sobre los que, durante ese tiempo, ha seguido instruyendo.
Casos sobre los que en Confilegal hemos informado puntualmente.
En abril de 2018, Carmen Lamela reprendió a Pilar de Lara por haberle enviado una causa dos años y medio después de haber decidido remitirla al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, cuando ella ocupaba ese destino –hoy es magistrada del Supremo–, y se la devolvió a Lugo.
De Lara recurrió esa decisión ante el Supremo, y la Sala de lo Penal, con ponencia de Pablo Llarena, ratificó punto por punto la decisión de Lamela.
En febrero de este año fue el titular del Juzgado Central de Instrucción 5, José de la Mata, el que hizo lo mismo que Lamela: le devolvió otra causa a De Lara por haberle enviado un caso dos años y medio después de haberse inhibido a favor de éste órgano en Madrid, tiempo en el que, igualmente, siguió instruyéndolo sin tener competencia.
Y no fueron los únicos, la magistrada Ana López-Suevos Fraguela, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Santiago de Compostela, a quien le correspondió una de las dos causas que De Lara envió al Juzgado Decano para su reparto, reprendió a De Lara por enviarle una causa con 4 años de retraso tras haberse inhibido.
María del Carmen Márquez, magistrada destinada en el Juzgado de Instrucción 7 de Avilés, Asturias, también le devolvió otra pieza separada de la «Pokemon» por las mismas razones.
Y hay más casos.
A principios de febrero, el exmagistrado de la Audiencia Nacional y abogado, Carlos Bueren, por su parte, reprochó a De Lara que no cumple lo que le ordena la Audiencia Provincial.
INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS
Por otra parte, no ha sido una ni dos veces que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, en funciones de apelación, le recriminó, en septiembre de 2018, haber llevado a cabo «investigaciones prospectivas» (dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito), proscritas en nuestro ordenamiento.
“La prueba peticionada abunda en una investigación prospectiva, proscrita en nuestro ordenamiento, pues si esas negociaciones resultaron infructuosas, nada pueden aportar a la presente causa, pues no se encuentra ninguna fundamentación que apunte a la existencia de hechos que puedan abundar en la investigación», señaló el tribunal, formado por los magistrados Ana Rosa Pérez Quintana, Darío Reigosa Cubero y María Luisa Sandar Picado, en su auto.
El desaparecido fiscal general del Estado –y magistrado del Supremo– José Manuel Maza, en su discurso del acto de apertura de tribunales de 2017, el último antes de fallecer en Buenos Aires, Argentina, ordenó a los fiscales desechar “tanto las investigaciones generales o prospectivas, dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito”, así “como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales”.
¿En quién estaría pensando?
En marzo de ese año, la misma Sección había anulado 14 autos consecutivos dictados por Pilar de Lara.
Los magistrados consideraron que no había tenido competencia para llevar a cabo investigaciones que había llevado a cabo en el sureste de España a lo largo de 10 meses.
Es imposible resumir en una columna esta historia, que ya tiene visos de culebrón venezolano.
El penúltimo desenlace ha sido la recepción, en Confilegal, de dos sobres con tres conversaciones grabadas en las que aparecen el empresario Miguel García Gesto y el delegado de La Voz de Galicia en Lugo, Miguel Cabana, en el que éste último le cuenta al primero cómo supuestamente se filtraban expedientes judiciales que estaban bajo secreto de sumario.
Publicamos un dos por ciento de su contenido el pasado miércoles.
UN GRAN ABOGADO QUE VA A RECURRIR LA SANCIÓN
Pilar de Lara tiene al mejor abogado defensor: Agustín Azparren.
Lo he dicho varias veces públicamente.
Tiene todos mis elogios como abogado, mediador, magistrado y persona. Confieso que le he recomendado a varias personas que me han pedido opinión.
Y seguiré haciéndolo.
Él, por encima de todo, es un gran profesional. De los mejores.
Entiendo que ahora, Azparren, ante el tribunal de la opinión pública, utilice todo su aplomo y credibilidad para anunciar que van a recurrir la decisión del Pleno del CGPJ ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y que van a pedir la suspensión de la sanción.
Va de suyo.
Tiene que hacerlo. Debe.
Otra cosa es lo que decida el Supremo.
Porque si accedieran a ello, dicha decisión supondría prolongar el estado de cosas de ese Juzgado, el Instrucción 1 de Lugo, sancionado por unanimidad por la Comisión Disciplinaria y refrendado por el Pleno del CGPJ.
Y eso va a precisar, por parte de los señores del Alto Tribunal, un gran, gran ejercicio público de explicación y de persuasión.
Y mucha fe en la creencia de que la opinión pública va a entender que lo más lógico es perpetuar el estado de cosas en un Juzgado colapsado por múltiples macrocausas abiertas hace 6 y 8 años, que no parecen tener fin, y que hace que el caso de los ERE de Andalucía sea, en comparación, un juego de niños.
Difícil. El «relato» de anteponer el derecho de la magistrada al de los ciudadanos a una justicia eficiente y rápida que respete sus derechos. Va a ser complejo de armar.
Es un contrasentido.
La pelota, dentro de muy poco, va a estar en su tejado.
Una «patata caliente», de libro.
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