La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que fije libertad bajo fianza de 50.000 euros para el comisario jubilado Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.
Pino ha vuelto hoy a declarar como imputado ante García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción en relación a la pieza ‘Kitchen’ del ‘caso Tándem’, relativa al espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle información sensible del partido en un despliegue costeado con fondos reservados.
Tras declarar en relación a este operativo que se habría desplegado bajo su mando, en los años 2012 y 2013, sin supervisión judicial y costeado con fondos reservados con el objetivo de sustraer a Bárcenas documentación sensible del PP que obraba en su poder, la Fiscalía ha solicitado esta medida.
Pino tiene el pasaporte retirado y prohibición de salir de España desde el pasado enero.
Tras su primera declaración como imputado ante el juez instructor del caso el 23 de enero, que se prolongó durante más de cuatro horas, García-Castellón acordó estas otras medidas cautelares.
García Castellón también prohibió en enero al comisario Andrés Gómez Gordo, y al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que abandonen el territorio nacional.
Pino manifestó entonces a las puertas de la Audiencia Nacional que «no existe» una operación como tal denominada ‘Kitchen’.
Sin embargo, el Ministerio del Interior ha reconocido que hubo operación de seguimiento a Bárcenas, y ha desclasificado material hallado en los archivos del Departamento que presuntamente acredita que el excomisario José Manuel Villarejo hizo uso de fondos reservados para tratar de sustraer documentación sensible del PP que el extesorero de la formación Luis Bárcenas habría sustraído del partido cuando le despidieron.
Documentación relacionada con el pago de fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y la captación de confidentes de la ‘operación Kitchen’.
Esta ‘operación Kitchen’ habría consistido en convertir al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en confidente de la policía a cambio de una mensualidad de 2.000 euros con cargo a los fondos reservados para que se encargase de recabar esa documentación que tanto el extesorero del PP como su mujer, Rosalía Iglesias, mientras él estuvo en prisión, habrían estado trasladando.
A JUICIO POR EL PENDRIVE DE LOS PUJOL
El pasado mayo, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid abrió juicio oral contra Pino por presuntos delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio en relación con el origen del ‘pendrive’ con información de la familia Pujol.
En un auto, el juez Juan Javier Pérez envió al banquillo a Pino y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.
Podemos, que ejerce la acusación popular, ha solicitado 10 años y medio de prisión para Pino.
GARCÍA CASTAÑO, CITADO TAMBIÉN POR ‘KITCHEN’
Hoy también declarará por Kitchen ante el magistrado instructor el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, quien tras reconocer su implicación en aquella misión y aportar documentación a la causa extraída de unos móviles clonados de Bárcenas, afirmó que todo se había desplegado por orden de Pino.
García Castaño admitió haber entrado personalmente en un inmueble de la mujer de Bárcenas en busca de aquellos documentos.
Por este caso también ha prestado declaración Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, a quien supuestamente se pagaron 2.000 euros al mes durante dos años para mantenerle como confidente y con cargo a los fondos reservados; Andrés Gómez Gordo, la persona que le habría captado y que, según García Castaño, pudo hacerse con discos duros de Bárcenas; el propio extesorero y también su mujer, que padeció el asalto de un ‘falso cura’ en busca de documentación en su domicilio, entre otros.
Ha declarado, además, el facultativo que se encargaba en tiempos de Pino de la gestión de los fondos reservados que llegaban del Ministerio del Interior a la DAO, Miguel Ángel Bayo, y dos secretarios generales de la DAO Manuel Benavides y Felipe Lacasa, que trabajaron sucesivamente bajo mando directo de Eugenio Pino. Los tres acudieron en calidad de testigos.
También ha comparecido el excomisario Villarejo, en cuyo poder apareció la documentación que motivó la apertura de esta pieza separada que sigue bajo secreto de sumario.
