La Justicia belga ha aceptado hoy la petición de la defensa de los exconsejeros catalanes Lluís Puig i Gordi y Toni Comín i Oliveres de aplazar su vista sobre las euroórdenes hasta el próximo 16 de diciembre, con el fin de unificar el proceso con el del expresidente catalán Carles Puigdemont y examinar las tres en paralelo.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’, reclama a Comín y a Puigdemont por los presuntos delitos de sedición y malversación, mientras que a Puig sólo por presunta malversación.
A su salida de la vista, ante un juez neerlandófono de la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia de Bruselas), que ha durado menos de una hora, Puig y Comín, han explicado que ha sido una audiencia tranquila, en la que no esperaban decisiones más allá del aplazamiento para unificarlo con el de Puigdemont y que ha permitido fijar el calendario para el intercambio de argumentos por procedimiento escrito.
Los abogados de Puig, Comín y Puigdemont presentarán sus alegaciones el 25 de noviembre; la Fiscalía de Bruselas, sus escritos el 5 de diciembre; y la defensa de los políticos catalanes tendrá otra oportunidad para contraargumentar con sus conclusiones el 12 de diciembre, cuatro días antes de la vista.
La Fiscalía de Bruselas pide que ambos sean entregados por los delitos por los que le reclama la Justicia española.
El magistrado neerlandófono de la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia) que examinará las tres euroórdenes es quien se encargó de las primeras órdenes europeas de detención y entrega dictadas en 2017 contra los tres políticos independentistas.
Dictará tres sentencias.
‘INMUNIDAD EUROPARLAMENTARIA’
Comín alegó ante el juez de instrucción que goza de inmunidad como eurodiputado, para evitar la extradición, pero éste concluyó, tras consultar con el Parlamento europeo, que no le asiste tal privilegio y siguió adelante con el proceso.
No obstante, Comín dice que volverá a evocar la inmunidad ante los tribunales belgas. Puigdemont también.
Hasta el momento, ni las autoridades españolas ni las instituciones europeas reconocen tal inmunidad porque no recogieron el acta de eurodiputados. El asunto está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyo primer pronunciamiento se espera respecto a la situación del exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras.
Comín considera que la sentencia del TJUE sobre Junqueras tendrá un impacto sobre las euróordenes que se tramitan ahora en Bélgica, se dicte o no antes de su vista, del 16 de diciembre.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar concluyó el pasado martes que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras debe ser reconocido como eurodiputado, aunque no haya podido cumplir todas las formalidades para recoger el acta.
También advirtió que la sentencia condenatoria por el ‘caso procés’, dictada el pasado 14 de octubre por el Tribunal Supremo contra Junqueras, conlleva la anulación del mandato como eurodiputado de éste, por lo que el TJUE no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales plateadas por el Alto Tribunal, porque su respuesta «tendría carácter hipotético».
Szpunar considera que el Parlamento Europeo debería de poder pronunciarse sobre la oportunidad de suspender o de mantener la inmunidad de uno de sus miembros, por lo que pidió al TJUE que declare que desde el momento en que un Estado miembro reconoce la inmunidad a los miembros del Parlamento nacional, le corresponde también a la Eurocámara pronunciarse sobre la de sus miembros.
Los dictámenes del Abogado no son vinculantes, pero las sentencias del TUE siguen en la mayoría de los casos la línea marcada por las conclusiones.
Cuando el juez tome su decisión sobre las entregas o no de los exconsejeros y el expresidente catalán a las autoridades españolas, las partes -Fiscalía belga y defensa- dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso, y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.
Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma, pero no sobre el fondo del proceso.
El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.
