La teniente fiscal Anticorrupción, María Belén Suárez, ha remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid la denuncia presentada por el ciudadano Francisco Javier Cordero Aparicio contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón Soria, y la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio Azcárraga, por supuesto delito de homicidio imprudente, «por las órdenes dadas orientadas a encerrar a los ancianos en las residencias, negándoseles la posibilidad de atención hospitalaria».
Cordero también denunció en mayo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez Palacios, por el «sobreprecio escandoloso» en algunas compras de material sanitario a China con respecto a las que hacían empresas españolas.
Indica que en algunos casos «el sobreprecio fue de más de un 6.000%».
Los acusa de los supuestos delitos de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, de malversación, de fraude y exacciones ilegales y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Anticorrupción la remitió a la Fiscalía del Tribunal Supremo por ser aforados el presidente del Gobierno y el ministro.
La denuncia contra Fernando Simón y Pilar Aparicio fue presentada el pasado 25 de mayo, con una posterior ampliación el día 31 de ese mes.
El denunciante expone que como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley por el que se declaró el estado de alarma se han publicado en la web del Ministerio de Sanidad documentos técnicos para profesionales, elaborados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Indica que en estos documentos se dan instrucciones a los profesionales con objeto de preparárlos para dar respuesta al brote, así como recomendaciones para el manejo de los pacientes y procedimientos para la prevención y control de la infección.
Francisco Javier Cordero destaca que hay algunos documentos cuyos autores no constan, «de forma deliberada», en los que se dan instrucciones dirigidas al colectivo de las residencias de mayores y cuyo contenido, según afirma, ha sido la causa de «gran parte de las defunciones de ancianos en las residencias».
El denunciante considera que Fernando Simón y Pilar Aparicio son «los responsables de las instrucciones dictadas a confinar a las personas mayores residentes en sus habitaciones, negándoseles la posibilidad de atención hospitalaria».
Manifiesta que dichos documentos «traerán consigo que más de diecinueve mil de nuestros ancianos, alojados en residencias, equivalente al 66,26% del total de todos los fallecidos en España, murieran en soledad en sus habitaciones transformadas en «celdas» por mor del Ministerio de Sanidad».
«Las residencias se convirtieron en auténticos centros de la muerte, a modo de centros de exterminio geriátricos», añade.
Asimismo, indica que «si lo anterior es gravísimo, no lo es menos conocer que quienes redactaron tal guía de actuación, que se escudan en el anonimato, eran conocedores del destino final de muchos de los ancianos infectados por Covid-19: la muerte».
El denunciante manifiesta que el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, elaboró dos planes de contención que «no evitaron los fallecimientos masivos».
Cordero también destaca que en documentos publicados ya en el mes de enero de 2020 sobre la transmisibilidad de la enfermedad, ya se ponía de manifiesto la incidencia grave que sobre las personas mayores de 65 años tenía la infección por coronavirus y que a pesar de ello, se limitaron a establecer medidas tales como: quedarse en la habitación con buena ventilación; restricción de movimientos; y en los casos que se confirmase la enfermedad, que deben permanecer los enfermos en las habitaciones con baño propio y con la puerta cerrada.
Añade que en un documento del 24 de marzo se hacía constar que «se debe considerar la realización de test diagnósticos en personas con cuadros clínicos de infección respitaria», «se deben suspender todas las visitas a centros centros sociosanitarios», así como que «se deben suspender las salidas de las residencias».
También destaca en la denuncia que con todo su respeto hacia el colectivo de personas privadas de libertad, comprueba que los presos no tuvieron restricciones de salidas hacia hospitales para ser tratados de Covid-19, «como sí tuvieron nuestros ancianos residentes».
«Muy curioso, pero se puede dar la paradoja que un anciano preso, infectado de Covid-19, que necesitase de atención hospitalaria, será trasladado a un hospital para su atención médica, mientras que ese mismo anciano, alojado en una residencia, hubiera sido encerrado en una habitación a esperar la muerte», expone Cordero.
Detalla que el primero de los documentos, del 5 de marzo y el segundo del 24 de ese mismo mes, tuvieron el objeto de «impedir sacar a los ancianos infectados de las residencias para recibir atención hospitalaria, siendo encerrados en sus dormitorios, “con buena ventilación” a modo de celda, a esperar una muerte indigna en soledad».
Afirma que estas dos instrucciones emitidas desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón, «impidieron, no solo llevar a los ancianos al hospital, sino que también los familiares pudieran llevárselos consigo».
«Con lo cual el enfermo infectado no tenía más remedio que quedarse, sí o sí, en la residencia», apunta.
Francisco Javier Cordero considera que estamos ante «posibles delitos de la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos y de homicidio imprudente», presuntamente cometidos por Fernando Simón y Pilar Aparicio.
Extiende su denuncia «a los autores –ahora desconocidos-» de los dos documentos señalados.
El denunciante expone que quiere dejar al margen de toda responsabilidad penal a la gran mayoría de los trabajadores de las residencias.
Señala que «muchos de ellos, además, decidieron encerrarse con los ancianos arriesgando sus vidas, por lo que tienen la mayor admiración de quien formula la presente denuncia».
La teniente fiscal Anticorrupción señala en un decreto, fechado a 22 de junio, que los hechos denunciados no son competencia de esta Fiscalía, y la remite a la Fiscalía Provincial de Madrid.
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