La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado hoy a la Fiscalía que informe sobre competencia, posible acumulación y fondo del asunto de un total de 51 denuncias y querellas formuladas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus.
Según ha informado el Supremo a lo largo de los poco más de tres meses que ha durado el estado de alarma, la Sala ha recibido 36 denuncias y 15 querellas contra los miembros del Ejecutivo.
Tras recibir el informe del fiscal, la Sala de lo Penal decidirá lo que proceda.
Han presentado querellas o denuncias desde sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos, como VOX, la asociación HazteOir.org -todos ellos en calidad de acusación popular-, entre otros, el Consejo General de Enfermería, el sindicato CSIF, y las hay instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia, en calidad de acusación particular.
Algunas se han presentado contra todos los miembros del Gobierno, otras se dirigen de forma específica contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el de Sanidad, Salvador Illa, y otros altos cargos de su departamento, como el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.
Entre los supuestos delitos que piden investigar figuran el de homicidio imprudente, prevaricación administrativa, contra la seguridad de los trabajadores y lesiones por imprudencia profesional.
La última acción penal presentada ante el Supremo es una denuncia de la que fuera dirigente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez, contra el Gobierno y Fernando Simón, por un supuesto delito de prevaricación omisiva, “por no haber ordenado el uso de mascarillas al inicio del estado de alarma”.
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