Foto del primer Consejo de Ministros. La gestión de la crisis provocada por pandemia ha conducido a la interposición de querellas y denuncias contra el Gobierno. Foto: Pool/Fernando Calvo.
Las querellas y las demandas contra el Ejecutivo se acumulan por la gestión de la pandemia
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22/4/2020 02:00
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Actualizado: 22/4/2020 18:48
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En total, hasta ahora, ya suman once querellas y denuncias, la mayor parte ante el Tribunal Supremo, contra el Gobierno en su conjunto, contra el presidente, Pedro Sánchez, contra los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra el delegado del Gobierno en Madrid, Juan Manuel Franco, y la de Valencia, Gloria Isabel Calero Albal, contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y contra altos cargos del Ministerio de Sanidad.
La última que se presentará va dirigida contra el Consejo de Ministros por un supuesto delito de homicidio imprudente, pero no va a interponerse hasta que no se levante el estado de alarma.
La articula un abogado del Colegio de Madrid, José Ignacio Sánchez Rubio, quien dice representar a cerca de 2.500 familiares de fallecidos por coronavirus.
«Hemos creado un grupo de 80 abogados repartidos por todo el país, y entre todos estamos preparando el escrito de querella, escrito que no vamos a presentar hasta que no se levante el estado de alarma», explica.
Añade que están viendo la posibilidad de presentarla ante el Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda «para que practique las primeras diligencias y luego la remita al Tribunal Supremo para que la instruya».
En ella, comparecen como acusación particular todas aquellas personas que hayan tenido la desgracia de perder algún familiar por el coronavirus, que quieran personarse como perjudicados, como parte.
«Siguen llegando más, pero necesitamos aportar prueba fehaciente del fallecimiento y de la causa, y esa solo la tenemos a través del certificado médico de defunción, certificado que en innumerables casos están teniendo dificultades para obtener los interesados», expone Sánchez.
Indica que todos aquellos que no hayan conseguido este documento cuando vayan a presentar la querella, se podrán incorporar después. «A medida que los vayamos teniendo, iremos haciendo escritos sucesivos adhiriendo a más personas como parte», detalla.
VOX
El partido político VOX, por su parte, se querelló el lunes contra el presidente del Gobierno y contra el Consejo de Ministros por los supuestos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad.
El 17 de abril, el abogado del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Cortés Borges, presentó una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito cometido por funcionario público contra derechos individuales.
Como ciudadano considera que el presidente del Gobierno, con la aprobación del Real Decreto 430/2020, de 14 de marzo, así como las prórrogas del mismo, “ha vulnerado derechos de contenido fundamental, al extralimitarse, y de qué manera, en las medidas adoptadas”, que considera una “auténtica suspensión de derechos fundamentales, que dan lugar a responsabilidad penal”.
En su escrito hace hincapié en que el estado de alarma decretado “en modo alguno puede suspender derechos”, como afirma que está sucediendo en la actualidad.
“No sólo se encuentra suspendido el derecho a la libre circulación y a la entrada y salida del territorio nacional, con ciertas excepciones, sino que además el propio Gobierno ha adoptado medidas que implican el que un empresario no puede despedir a un trabajador, atentando al principio de libertad empresarial, así como que un arrendador no pueda desahuciar a su arrendatario, prohibición que atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva, amén del derecho de reunión y de manifestación, que en realidad aunque no lo exprese el Real Decreto que regula el estado de alarma, se encuentran suspendidos, por no poder ser ejercitados”, argumenta Cortés Borges.
GRANDE-MARLASKA E ILLA
El 2 de abril la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) interpuso una querella contra dos miembros del Gobierno: Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Sanidad, Salvador Illa.
A ambos, la querella, que ha articulado el abogado zaragozano Marco Antonio Navarro, les atribuye sendos delitos de homicidio imprudente grave y vulnerable y vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Sustenta ambos delitos en la muerte por coronavirus de cuatro agentes de la la Benemérita y en la decisión de interior de no incluir a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los colectivos de «alto riesgo».
Veinticuatro horas antes, el 1 de abril, sin embargo, la Asociación Española de Abogados Cristianos se les adelantó en el Tribunal Supremo, con su querella contra el presidente Sánchez y los 22 ministros de su gobierno por los delitos de omisión de deber de socorro, y prevaricación en la crisis de la gestión de la crisis sanitaria creada por la pandemia.
La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, afirma en la querella interpuesta que el Gobierno «tenía perfecto conocimiento de la letalidad» del COVID-19, pues fue en noviembre de 2019 cuando se «conocieron los primeros casos de infectados» en China.
La asociación hace un recorrido de todos los hechos que considera relevantes y que, a su juicio, demostraría el conocimiento del Gobierno sobre los hechos, como la primera víctima mortal por coronavirus en España el 13 de febrero de 2020 o los informes del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad sobre el riesgo de contagio en concentraciones multitudinarias.
OTRA VEZ ILLA
El 30 de marzo, se presentaron dos denuncias y una querella.
La primera denuncia correspondió a la llamada Plataforma de Afectados por la Pandemia y fue dirigida ante el Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contra los responsables del Gobierno implicados «por la mala gestión y falta de transparencia».
La plataforma había sido constituida ocho días antes en Madrid. Está presidida por Carmen Balgafón, que lleva muy a gala no tener ninguna vinculación con partido político alguno.
Denuncia “la falta de responsabilidad y pésima gestión de nuestros políticos en esta crisis, que nos ha abocado a una Sanidad desbordada y a unos profesionales tanto sanitarios como de los cuerpos de Fuerzas y Seguridad, que se enfrentan cada día a las consecuencias de esta pandemia sin los medios necesarios para combatirla y sin los equipos de protección para no contagiarse”.
La autoría de la segunda denuncia es del sindicato de funcionarios CSIF. Igualmente denuncia ante el Supremo al titular de Sanidad.
CSIF denuncia “falta de previsión” e “insuficientes medidas de protección con las que cuentan los sanitarios, y considera que “pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente”.
El sindicato informó que ya está trabajando para actuar por la vía de civil para solicitar la responsabilidad patrimonial dela administración.
La querella correspondió al sindicato Manos Limpias y, aunque no fue dirigida contra ningún miembro del Gobierno, tuvo como diana el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Por los supuestos delitos de homicidio imprudente, de lesiones y de prevaricación, al permitir que se celebrara la manifestación del 8-M con motivo del Día internacional de la Mujer a pesar de la epidemia de coronavirus.
Para el sindicato presidido por Miguel Bernad, los hechos evidencian «de una manera clara, rotunda, determinante y sin ningún tipo de duda, que de no haber celebrado la manifestación del Día 8 de Marzo», no se habría producido «la espiral de contagio» en la Comunidad de Madrid. Y afirman que «un porcentaje más que significativo de contagio deviene de personas que participaron en la manifestación del 8 de Marzo».
Dos días antes, el 27 de marzo, el abogado Mariano Lorente Gómez presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la delegada del Gobierno en esa Comunidad, Gloria Isabel Calero Albal, el subdelegado del gobierno en la provincia de Valencia, José Roberto González Cachorro, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó i Canut, y el concejal delegado de Cultura Festiva, Carlos Galiana Llorens.
Los supuestos delitos que les imputa tanto a los cinco, como “a los que pudieran resultar responsables en el curso de la instrucción”, son: homicidio imprudente, lesiones imprudentes y prevaricación administrativa, según dice la denuncia.
FERNANDO SIMÓN
El 27 de marzo la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena se querelló contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón; la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio; y el secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco; por supuesto delitos de homicidio imprudente y lesiones por su gestión durante esta crisis del coronavirus.
«Los querellados tenían conocimiento de la situación de la pandemia por los informes que recibían por medio de las instituciones internacionales que las hacen públicas de la situación en China o Italia; de la OMS o del ECDC europeo, que conocían la situación en España y las masificaciones que se iban a producir, que no solo no avisaron del peligro a la población sino que animaron a acudir a eventos de masas que no informaron al Gobierno, como era su obligación tal y como mantiene su presidente», dice es escrito.
Por último, el 25 de marzo, la magistrada del Juzgado de Instrucción 51, Carmen Rodríguez Medel, acordó investigar al delegado del Gobierno del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un supuesto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir el pasado 8 de marzo la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pese a las advertencias días antes del Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus.
Hace dos días, la magistrada retiró el delito de lesiones a Franco al no apreciar relación entre el 8M y los contagios.
La denuncia, impulsada por el abogado Víctor Valladares, también fue interpuesta contra el presidente del Gobierno, pero al ser aforado la magistrada la desestimó.
Valladares después la trasladó al Supremo, el órgano competente. E imputó a Pedro Sánchez los delitos de prevaricación administrativa por omisión y por acción.
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