La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha abierto una causa al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés Dal-Ré por presuntos delitos de maltrato previstos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal en la persona de su esposa.
Ha designado instructor al magistrado Andrés Martínez Arrieta.
Valdés Dal-Ré, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado por agentes de la Guardia Civil en la madrugada del pasado 11 de agosto en su domicilio, en el municipio madrileño de Majadahonda –localidad al oeste de Madrid–y permaneció unas horas detenido, para pasar después a disposición judicial.
El caso motivó que el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, tuviera que interrumpir sus vacaciones en Galicia y regresar a Madrid para conocer de primera mano lo sucedido.
El magistrado, de 75 años, no pasó la noche en el calabozo. Al decir que se sentía indispuesto, fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro, donde estuvo en observación.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, Elena Garde, que se hizo cargo del asunto, lo dejó en libertad el 11 de agosto, a petición del Ministerio Fiscal.
El 13 de agosto, la magistrada se inhibió al Alto Tribunal debido a que Valdés Dal-Ré está aforado, por su condición de magistrado del Constitucional.
En un auto, notificado hoy, el tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo afirma que en la exposición razonada elevada por Garde, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito; criterio que es asumido por la Fiscalía.
Añade que comparte esa valoración y que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal”.
El auto lo firman los magistrados Manuel Marchena Gómez (presidente del tribunal y de la Sala de lo Penal), Antonio del Moral García (ponente), Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Ana María Ferrer García y Pablo Llarena Conde.
Entre las pruebas a practicar, según solicitó la Fiscalía, están los interrogatorios del magistrado y su esposa, los de los dos testigos que presenciaron las llamadas de socorro de la segunda y un informe pericial sobre los efectos en el magistrado de la medicación debido a la enfermedad que padece.
El pasado agosto, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, no contemplaba la dimisión del magistrado.
Sin embargo, según informaron entonces fuentes del TC a Confilegal, si los magistrados del Supremo consideraban oportuno abrir una causa para investigar los hechos denunciados, entonces “podría verse” la posibilidad de cesar del cargo.
Valdés Dal-Ré es uno de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo puesto está pendiente de renovación, tras concluir su mandato hace ocho meses.
La última sentencia que firmó dictamina que los jueces deben hacer una investigación “suficiente y eficaz” de las denuncias por violencia de género antes de acordar su archivo, y que no se limiten a un “mero contraste superficial” de los testimonios de ambas partes del conflicto.
