La Comisión Europea continúa “supervisando de cerca” la evolución de la reforma del Consejo General del Poder Judicial planteada por los partidos de Gobierno en España con el fin de que se aborde “de conformidad con las normas europeas en materia de independencia judicial”.
El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, reitera su posición sobre la propuesta legislativa de PSOE y Unidas Podemos “instando a las autoridades españolas a velar por que el Consejo General del Poder Judicial no se perciba como vulnerable a la politización”.
Así lo ha hecho saber este pasado miércoles en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria presentada por Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo.
Asimismo, el comisario recuerda que “la cuestión de la falta de nombramiento de los miembros de dicho Consejo debe abordarse de conformidad con las normas europeas en materia de independencia judicial”.
Respecto a la demanda de Pagazaurtundúa sobre la necesidad de tener en cuenta esta cuestión que «afecta al corazón de la separación de poderes» en el informe sobre el Estado de Derecho que la Comisión elabora desde este año de manera anual, Reynders señala que “en futuras ediciones podrán abordarse temas y novedades pertinentes”.
«Deja así la puerta abierta a futuras amonestaciones por esta cuestión», señala Pagazaurtundúa.
Y explica «la misma apertura» muestra la Comisión respecto al asunto de la «campaña de acoso» contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, tras hacerse pública la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo para que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.
Pagazaurtundúa presentó el pasado mes de octubre una cuestión parlamentaria ante la Comisión para advertirle de la situación, por la cual el propio magistrado se vio obligado a denunciar ante el Tribunal Supremo y el CGPJ la «campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación» que estaba sufriendo.
“El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en lugar de asumir lealmente y con respeto la investigación -pues nadie está por encima de las leyes-, ha emprendido una huida hacia delante alentando un discurso, desde su privilegiada posición, en medios y redes de comunicación, que socava el respeto a la división de poderes”, advirtió la también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
«Ataques a la división de poderes en España», puso en el asunto del escrito la eurodiputada.
La Comisión ha manifestado que entiende que el asunto de García-Castellón “está siendo investigado por las autoridades españolas y que también ha sido puesto en conocimiento del Consejo del Poder Judicial español, que es el órgano competente para garantizar la independencia de los órganos jurisdiccionales y jueces”, por lo que dice que no hará comentarios sobre investigaciones en curso, pero añade que si es preciso, tendrá en cuenta las “novedades pertinentes” en el Informe sobre el Estado de Derecho del próximo año.
Así lo ha expuesto este pasado 11 de enero Reynders en nombre de la Comisión Europea en respuesta a la denuncia de Cs.
La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa manifiesta que seguirá informando puntualmente a la Comisión Europea, tanto a la presidencia Von Der Leyen, como a los comisarios de Justicia e Interior sobre todos los movimientos que cuestionen o debiliten nuestro Estado de Derecho y afecten la separación de poderes en nuestro país.
«Por ahora, el Ejecutivo comunitario ha dejado claro que supervisa la situación y no le temblará el pulso para hacer velar las reglas democráticas”, señala satisfecha.
El Pleno del CGPJ advirtió ayer que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la Proposición de Ley de PSOE y Podemos que limita funciones al Consejo mientras esté en funciones «no respeta las exigencias del principio de separación de poderes».
El CGPJ acordó, por 16 votos a favor y cinco en contra, solicitar a la Mesa del Congreso de los Diputados que reconsidere su decisión de tramitar de forma urgente dicha reforma.
«Lamenta profundamente» que el órgano de gobierno del Congreso haya hecho «caso omiso» de la solicitud que le hizo de que la citada Proposición de Ley se sometiera a los informes del CGPJ, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia/Consejo de Europa) y diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, «en particular, a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia».
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