Toma esta decisión tras recibir el informe de la Policía que certifica que el contenido de la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham es inaccesible, lo que imposibilita recuperar la información o determinar quién fue la última persona que accedió a ella.
El juez da por finalizada la investigación del caso Dina y decide no prorrogarla
Quedan pendientes las declaraciones de Bousselham, su pareja y el exDAO Eugenio Pino
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28/1/2022 09:28
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Actualizado: 28/1/2022 09:47
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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido no prorrogar la instrucción del caso Dina, cuyo plazo expira mañana, después de que la Policía le haya comunicado que es imposible acceder al contenido de la tarjeta del móvil de la exasesora de Podemos ni recuperar su información.
En esta pieza del caso Tándem, también conocido como caso Villarejo, se indaga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que meses después su entonces jefe, Pablo Iglesias, se la devolvió inservible y parte de su contenido apareció publicado.
García-Castellón ha recibido recientemente el informe que encargó hace casi un año a la Policía Científica para determinar si era técnicamente posible acceder al contenido de la tarjeta telefónica. La Unidad Central de Criminalística certifica en su informe, fechado a 21 de enero, que la mini SD presenta daños irreparables, por lo que ha sido imposible conocer su contenido y, por tanto, quién fue la última persona que tuvo acceso a la misma y cómo acabó inservible.
El Juzgado estaba esperando a este informe policial para poner fecha a las declaraciones de Bousselham, su pareja y el exresponsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, que ordenó efectuar la Sala de lo Penal de la Audiencia.
Estas comparecencias son la última diligencia pendiente.
En un auto dictado ayer, el magistrado detalla que únicamente el fiscal era partidario de concluir la investigación, mientras que las restantes partes o bien no se han opuesto a la prórroga o directamente la han solicitado. Tanto VOX como la propia Dina Bousselham estimaban procedente prorrogarla, mientras que la representación del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles no se oponían a que la investigación se extendiera.
Fuentes de Podemos opinan que el magistrado ha tratado de convertir a las víctimas de esta causa en sospechosos y ahora se niega a investigar a los responsables del robo del teléfono de Bousselham.
EL ORIGEN DEL CASO DINA
Así, encara la recta final una pieza separada por la que el magistrado acordó procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas.
Además, el instructor elevó al Supremo una exposición razonada para que investigara al entoncesvicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham. Alegaba que «la única explicación posible» es que la tarjeta telefónica resultara dañada mientras estaba en su poder, a donde llegó tras ir de mano en mano.
El TS acordó el archivo de la causa contra Iglesias y ordenó la devolución de las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN para que agotara la investigación y, en su caso, cuando lo haya realizado, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el aforado. El Supremo indicó expresamente varias diligencias, entre ellas volver a tomar declaración a Dina, para que aclarase si quería denunciar los hechos e incluyendo entre esas mismas instrucciones el informe pericial de la micro tarjeta.
Esta investigación tiene su origen en unos archivos encontrados durante el registro a la casa de Villarejo en 2017 en los había información personal de la que fuera asesora de Iglesias, así como datos sensibles de Podemos.
Según ha explicado el magistrado, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham, Ricardo Antonio Sa Ferreira, en cuyo interior había varios objetos, entre los que se encontraba el teléfono móvil de ella.
Dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio del comisario un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
Y apuntaba el juez en su auto que los archivos de uno de los pendrives fueron copiados el 14 de abril de 2016, mientras que los del disco duro son copia del pendrive realizada en julio de 2016. Sobre cómo llegó a manos de Villarejo esa información, el magistrado indicaba que se sabe que el contenido de la tarjeta de Bousselham llegó a los periodistas.
Fuentes de Podemos opinan que el magistrado ha tratado de convertir a las víctimas de esta causa en sospechosos y ahora se niega a investigar a los responsables del robo del teléfono de Bousselham.
GARCÍA-CASTELLÓN DENUNCIÓ ANTE EL CGPJ QUE SUFRÍA UNA CAMPAÑA DE ‘DESPRESTIGIO E INTIMIDACIÓN’
En octubre de 2020, García-Castellón denunció ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sufría una campaña de «desprestigio personal y profesional e intimidación« en redes sociales y en algunos medios de comunicación tras pedir al Supremo que investigara a Iglesias.
El instructor explicó al CGPJ que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica, sino de “una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política”.
También presentó una denuncia ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes.
Según manifestó al órgano de gobierno de los jueces, en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel, y recordaba que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo “no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida”.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro existentes, pidió en su día al CGPJ que tomara «las medidas idóneas» para proteger a este magistrado y para velar por la independencia judicial.
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