La Fiscalía le entregó a Stampa la documentación que reclamaba a través del TSJM “porque ya se hallaba previamente en su poder”
Carlos Ruiz de Alegría, el teniente fiscal de la Comunidad de Madrid, quien instruyó la investigación sobre Stampa, en declaraciones a un periódico reveló que le permitió hacer copia de todo su expediente en 2020. Stampa después demandó a la FGE ante el TSJM para que le entregara esa misma documentación que ya tenía, según fuentes fiscales.

La Fiscalía le entregó a Stampa la documentación que reclamaba a través del TSJM “porque ya se hallaba previamente en su poder”

Según fuentes fiscales
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17/3/2022 01:30
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Actualizado: 17/3/2022 18:31
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La Fiscalía General del Estado (FGE) recuerda que el 9 de diciembre pasado fue posible entregarle al exfiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, los documentos internos de la investigación que la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid le había abierto, porque dicha “documentación ya se hallaba previamente en su poder”.

Fuentes de la FGE han recordado a Confilegal que a partir del 23 de noviembre pasado aparecieron publicados en Libertad Digital “tres documentos fechados los días 8 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2020, firmados por el Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica [Álvaro García], que forman parte sustancial del expediente gubernativo de dación de cuentas”.

De la misma manera, señalan que “en una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya los días 24 y 25 de noviembre de 2021 (edición digital y papel) el fiscal instructor de las diligencias de investigación abiertas a Stampa –Carlos Ruiz de Alegría, teniente fiscal– afirmaba que ‘este tenía acceso por su legítimo derecho de defensa a las diligencias. Vino [Stampa] a la Fiscalía e hizo copia de todo”.

Un procedimiento en el que Stampa tenía entonces la condición de investigado por un supuesto delito de revelación de secretos.

De la misma manera, como consecuencia de la «filtración” a los medios de comunicación, Stampa conoció el expediente gubernativo interno sobre la prórroga de las diligencias de investigación en las que aparecía denunciado e investigado.

Por lo tanto, si Stampa “ya tenía toda” la documentación que estaba reclamando en los tribunales era inútil no entregársela, cosa que hizo Álvaro García el 9 de diciembre.

UN ACCESO VEDADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

Las razones que hoy aduce –y que adujo entonces– la FGE para negarse inicialmente a entregar a Stampa el expediente que en su momento se le abrió por un supuesto delito de revelación de secretos fue la necesidad de “salvaguardar el contenido de las comunicaciones del Ministerio Fiscal”.

Visados, extractos, daciones de cuentas del articulo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y “cualquier otro acto que pudiera encuadrarse dentro del ámbito interno de conformación de la voluntad del Ministerio Público”.

Según las mismas fuentes, “la puesta en conocimiento de este tipo de comunicaciones internas a terceros, investigados o acusados en procedimientos penales, distorsionaría por completo el trabajo diario y la eficacia de la labor de los fiscales, generando imprevisibles consecuencias para el normal funcionamiento de un órgano constitucional como es el Ministerio Fiscal”.

Y recuerdan que “El acceso por parte de terceras personas a documentación interna de la Fiscalía ha sido vedado expresamente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (sentencia del Tribunal Supremo 177/2017, de 22 de marzo)”.

Pero si Stampa ya tenía la información…

EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE STAMPA, UNA DENUNCIA DE LA PERIODISTA MARÍA MONTERO

Al entonces fiscal anticorrupción Stampa se le abrió una investigación interna que tuvo su origen en una denuncia de la periodista María Montero, directora del programa radiofónico “La ventana indiscreta” y colaboradora de este diario digital.

Denuncia a la que se adhirió VOX y que tenía su origen en las declaraciones del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente.

Este había apuntado a una supuesta relación sentimental del fiscal Stampa con la abogada Marta Flor Núñez, quien ejercía la acusación popular en el caso “Tándem”, en representación de la formación morada.

En las votaciones que celebró el Consejo Fiscal el 27 de octubre de 2020, en el que se dirimían 8 plazas en Anticorrupción, Stampa no sacó ni un solo voto. Fue el 27 de octubre de 2020. Se quedó fuera. Tuvo que volver a su destino en la Fiscalía de Madrid después de tres años y medio en comisión de servicio en uno de los destinos de élite de la Fiscalía.

La Asociación Independiente Profesional de Fiscales ha exigido particularmente a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que aclare si impidió que Stampa pudiera ser elegido alargando la investigación abierta sobre su persona. Investigación que fue archivada en febrero de 2021.

CARPETAZO DEL TSJM AL CASO

Ayer el TSJM dio carpetado al caso Stampa, pero condenó en costas a la FGE –1.000 euros–, porque considera que no se tendría que haber permitido que este recurriera a los tribunales para acceder a lo que tenía derecho.

Y que ya tenía en su poder previamente, según la FGE, sugiriendo un ejercicio de manipulación mediático-legal. Si el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, –instructor de su causa– le permitió a Stampa hacer fotocopias de todo su expediente la conclusión es obvia.

El tribunal de la Sección Séptima de esa jurisdicción, presidido por la magistrada María Jesús Muriel y completado por los magistrados Ignacio del Riego, Antonio Gutiérrez López y Manuel Ponte, este como ponente, dio por buena la argumentación del abogado del Estado del caso.

Este certificó previamente que los documentos, referidos a la tramitación por la Fiscalía Superior de Madrid de todo el expediente administrativo relacionado con la investigación que se le abrió, le habían sido entregados oficialmente a Stampa.

El relato del fiscal es que, desde la Fiscalía General del Estado, se le impidió acceder a una plaza en la Fiscalía Anticorrupción, donde estaba encargado de las piezas de la causa “Tándem”, referida a los supuestos negocios paralelos que el comisario Villarejo mantenía mientras, al mismo tiempo, era uno de los hombres de confianza del director Adjunto Operativo –el número 2 de la Policía– Eugenio Pino.

Y que para ello, desde la FGE se alargó la investigación sobre su persona para impedir que fuera elegido.

Con esta decisión, el tribunal ha declarado “terminado el presente procedimiento por satisfacción extraprocesal, con archivo del mismo y devolución a la Administración del expediente administrativo». Caso cerrado por lo que a esto respecta.

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