La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que preside Ana Losada, también portavoz de la plataforma Escuela de Todos, presentó ayer un escrito ante el alto tribunal catalán que concluye con una serie de requerimientos y advertencias al consejero de Educación, Josep González-Cambray (ERC).
La Asamblea por una Escuela Bilingüe exige, con el apoyo de 1.643 familias, la ejecución forzosa de la sentencia del 25% del castellano
El plazo de dos meses dado por el TSJCat a la Consejería de Educación para aplicar su sentencia acabó el pasado viernes
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31/3/2022 17:10
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Actualizado: 14/2/2024 10:53
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La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que lidera la plataforma Escuela de Todos, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) solicitud de ejecución forzosa de la sentencia del 25% en castellano.
En su escrito defiende la legitimación de la entidad y de las 1.643 familias y alumnos que forman parte del sistema educativo catalán que se declaran «perjudicados por el incumplimiento de la sentencia» 5201/2020, de 16 de diciembre del TSJCat, que «establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en castellano» y que «sigue sin aplicarse dos meses después de que sea firme y obligatoria».
«En diciembre de 2021 quince asociaciones catalanas nos unimos para conseguir su aplicación, y preveíamos el actual escenario de desobediencia de la Generalitat y de inacción del Gobierno de España. En estos meses hemos recogido el apoyo de numerosas familias y esperamos que el TSJCat resuelva cuanto antes y se ponga fin a un periodo de tres décadas de vulneración de derechos lingüísticos», ha señalado a Confilegal Ana Losada, presidenta de la AEB, la asociación que ha representado a la familia de Canet de Mar (Barcelona) ante los tribunales.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe hizo público ayer en una rueda de prensa, en la sede de Impulso Ciudadano, el contenido de su demanda, la argumentación para lograr la legitimación ante los tribunales y poder conseguir la aplicación en todos los centros educativos catalanes cuanto antes.
En su escrito, la AEB desmonta los argumentos alegados por el Departamento de Educación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y que, según afirma, «viene a confirmar la voluntad incumplidora del Gobierno catalán«.
En primer lugar, esta asociación destaca que la literalidad de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Política Lingüística presentada por ERC, PSC, JxCat y ECP el 24 de marzo en el Parlamento catalán «no garantiza el cumplimiento de la sentencia».
También considera intrascendentes para esta cuestión los dos documentos a los que alude el Gobierno catalán en un Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4º de ESO, del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, y un informe del Síndic de Greuges -Defensor del Pueblo catalán- sobre derechos y usos lingüísticos de niños y adolescentes.
Afirma que la «voluntad incumplidora» del ejecutivo autonómico catalán queda evidenciada en la demanda con «una docena de manifestaciones públicas de altos cargos de la Generalitat, empezando por el presidente Aragonés, descalificando la sentencia del 25% o llamando a su incumplimiento«.
También señala los proyectos lingüísticos de 300 centros educativos que consideran al catalán como única lengua vehicular, y ha adjuntado la resolución de inadmisión del Departamento de Educación a la solicitud de información de la presidenta de la AEB sobre la modificación de los proyectos lingüísticos. Según indica, la secretaria general del Departamento ha considerado que “la recopilación de la información y la documentación solicitada requiere de una tarea compleja de elaboración que los servicios centrales del Departamento no pueden asumir”.
LAS PETICIONES DE LA AEB PARA QUE SE EJECUTE LA SENTENCIA
La demanda de ejecución forzosa, de 39 páginas, concluye con una serie de requerimientos y advertencias al consejero de Educación, Josep González-Cambray (ERC). Requiere al TSCat que le exija que se garantice el derecho de todos los alumnos a recibir la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales, esto es el castellano y el catalán, en porcentajes que no pueden ser inferiores al 25% en cada una de estas lenguas.
A esos efectos, pide al alto tribunal catalán que ordene al Departamento de Educación que disponga que todos los centros educativos catalanes procedan a modificar sus proyectos lingüísticos de manera que se recoja expresamente la condición del castellano y del catalán como lenguas vehiculares; a que prueben una programación para que en todos los cursos se impartan de manera efectiva al menos el 25% de las asignaturas o materias o actividades de carácter troncal o análogas en cada una de las lenguas oficiales; y a que contemplen que el material didáctico necesario se deberá corresponder con la lengua docente y eso también afectará a las pruebas de evaluación.
Plantea que se determine un plazo máximo de un mes para la modificación de los proyectos lingüísticos.
También reclama que se requiera al Consejero de Educación para que aporte certificado con el porcentaje de horas lectivas en castellano y en catalán en cada centro educativo, de manera que el cómputo de horas lectivo-curriculares se ajuste al porcentaje de un mínimo del 25 % en catalán y en castellano como lenguas vehiculares y de aprendizaje.
Asimismo, solicita al TSJCat que requiera al consejero de Educación para que aporte certificado extendido por el director de cada centro educativo y visado por la Inspección de educación con los porcentajes de castellano y de catalán que se imparten en cada centro como lenguas vehiculares.
Y pide que advierta a González-Cambray que en caso de incumplimiento se derivarán las pertinentes responsabilidades, y en caso de que el director del correspondiente centro educativo no promueva los cambios necesarios en los proyectos lingüísticos o no extienda el certificado se les advierta de que pueden incurrir en responsabilidades penales, así como hacer frente a una indemnización por daños y perjuicios.
La presidenta de la AEB celebra que se hayan unido más de 1.600 familias a la demanda a través de las carpas informativas que la entidad ha dispuesto en 35 municipios y que, además, se hayan reunido unas 40.000 firmas a favor del 25% de castellano.
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