Presencia ahora dice que se va a querellar «por calumnias» contra toda la Sala de lo Penal del Supremo
Fernando Presencia posando ante la puerta de los Juzgados de Talavera de la Reina en una de cuyas salas de vistas volverá a ser juzgado el próximo mes de septiembre por otro delito de calumnias contra el fiscal decano de esa ciudad. La Sala del Supremo contra la que ahora anuncia que se va a querellar tiene que enjuiciar próximamente el recurso de casación interpuesto por Presencia contra una condena de cárcel de 2 años y 10 meses. Foto: Confilegal.

Presencia ahora dice que se va a querellar «por calumnias» contra toda la Sala de lo Penal del Supremo

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01/8/2022 01:15
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Actualizado: 01/8/2022 01:28
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El culebrón Fernando Presencia dio ayer otro medio giro que no por conocido era menos esperado.

Primero, porque está a la espera de que la Sala de lo Penal de ese Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que interpuso contra la condena de 2 años y 10 meses de cárcel que le impusieron en primera y segunda instancia por un delito continuado de denuncia falsa y otro delito continuado de calumnias con publicidad y contra la autoridad en la persona de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de esa ciudad.

Esta «querella» busca precisamente eso, dejar fuera de juego a toda la Sala de lo Penal, impidiendo que se pronuncien, inadmitiendo su recurso, lo que conllevaría su entrada inevitable en prisión por tener antecedentes penales.

Segundo, porque está siendo investigado por un supuesto delito de calumnias contra 9 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuya instrucción está realizando el magistrado del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, quien va a tener un septiembre «calentito», con un montón de personas interrogadas relacionadas con Presencia.

Tercero, porque está a las puertas de otro nuevo juicio, también por calumnias, el próximo mes de septiembre, a celebrar en Talavera de la Reina, interpuesto por el mencionado fiscal decano, y citado para declarar en otra querella que le han puesto y que se inicia ahora.

Cuarto, porque esta siendo investigado también por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Talavera de la Reina por un supuesto delito de denuncia falsa.

Quinto, porque ha visto cómo el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 1 de Madrid, Pedro López Jiménez, inadmitía, el pasado mes de julio la denuncia contra el mencionado magistrado Joaquín Gadea Francés, el fiscal de la Audiencia Nacional, Emilio Miró Rodríguez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la directora de Comunicación del Ministerio de Defensa y el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Gadea –de lo que no informó a sus seguidores en redes–.

Y a pesar de todo eso, ahora Presencia ha anunciado que va a presentar «una querella en bloque» contra los 16 magistrados de la Sala de lo Penal.

LA SALA DE LO PENAL CONTRA LA QUE PRETENDE QUERELLARSE LO INHABILITÓ COMO JUEZ DURANTE 20 AÑOS POR PREVARICACIÓN

Una Sala que, hay que recordar, le ha inhabilitado por dos veces y por 20 años por la comisión de dos delitos de prevaricación: tomar decisiones injustas a sabiendas.

El peor delito que puede cometer un juez o un magistrado.

La primera inhabilitación tuvo lugar el 20 de julio de 2017, con la sentencia número 585/2017. El tribunal estuvo formado por Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, Julián Sánchez Melgar –exfiscal general del Estado– y Pablo Llarena, junto a Francisco Monterde y Perfecto Andrés Ibáñez; estos dos últimos ya jubilados.

La segunda inhabilitación le cayo 16 meses después, el 14 de noviembre de 2018, con la sentencia número 554/2018.

El tribunal estuvo compuesto, en esas ocasión, por Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco y Susana Polo García, junto a Luciano Varela Castro; este último también jubilado.

Con estos dos mazazos legales, cualquier aspiración de poder regresar al servicio activo, como magistrado, se acabaron para siempre.

Presencia ahora justifica su próximo paso «legal» por la carta que Marchena hizo llegar al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el pasado 10 de junio.

En la misma Marchena informaba a Lesmes sobre Presencia y su Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Popular (ACODAP), por sus imputaciones «radicalmente falsas» y «calumniosas» sobre los magistrados de su Sala.

El exjuez había denunciado públicamente –basándose en los documentos facilitados por dos ancianos, Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa (imputados también por Gadea en el procedimiento actualmente abierto contra Presencia en la Audiencia Nacional)– que 9 de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo habían sido sobornados y habían incurrido en delitos de corrupción.

La denuncia de esos 9 magistrados es hoy la base de la investigación por calumnias ahora en curso contra Presencia desde la Audiencia Nacional.

¿DÓNDE VAN LOS DONATIVOS QUE RECIBE PRESENCIA?

Marchena, en su escrito, expresó a Lesmes su preocupación por el hecho de que dichas imputaciones contra los magistrados de su Sala podrían «estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pueda ser utilizada para denigrar a las personas o instituciones que, por una u otra razón, se oponen a los designios de su promotor [Presencia]».

E hizo referencia a la fuente de ingresos de esa asociación: «ACODAP reclama desde su página web –en el enlace de Youtube– donativos a la cuenta corriente de la asociación para seguir adelante en su fingida lucha contar la corrupción», subrayó.

«Todo apunta, por tanto, a que D. Fernando Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de los magistrados de esta Sala«, dijo Marchena en su misiva.

Precisamente, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ordenó a todas las empresas que dan servicios de Internet bloquear la página web de Acodap, tanto en su punto com como en su punto org.

A Google también le ordenó cerrar su canal de Youtube, Noticias Acodap.

Y a la Guardia Civil le dijo que investigaran la cuenta y lo que se estaba haciendo con el dinero que está recibiendo la Asociación.

Twitter, por su parte, también ha suprimido la cuenta personal de Presencia y de su asociación.

LA CARTA DE MARCHENA

ACODAP –es decir, Presencia– califica esa carta de Marchena a Lesmes de «cagada» en el anuncio del próximo «paso legal» que va a tomar él mismo.

Y añade: «El juez Fernando Presencia y ACODAP presentan en los juzgados de Madrid demanda de conciliación -previa a la querella- contra todos los integrantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a quienes se les pide 300.000 € (a cada uno de ellos) por las injurias y calumnias vertidas por el juez Marchena en un comunicado a la prensa emitido en nombre propio y en el de todos los demás magistrados, contra los demandantes».

En estas semanas precedentes ha interpuesto demandas de conciliación, previas a la querella, contra los periódicos digitales El Español, diario.es y Público. También por lo mismo. Lo que no ha impedido que dejen de informar sobre su persona y su asociación.

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