Fernando Presencia está siendo investigado por la Audiencia Nacional por dos delitos, uno de calumnias con publicidad –castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 14 meses– y un delito contra las altas instituciones del Estado, castigado con multa de 12 a 18 meses. Foto: Confilegal.
Imputado por calumnias, Presencia dice haber dado el paso de querellarse contra los magistrados del Supremo por lo mismo
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04/8/2022 01:00
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Actualizado: 04/8/2022 01:37
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene que resolver este otoño el recurso de casación que Fernando Presencia, presidente de la llamada Asociación contra la Corrupción y la Defensa de la Acción Pública (ACODAP), interpuso contra la condena de 2 años y 10 meses que le fue impuesta en primera instancia y que, después, fue ratificada en apelación.
Una condena por un delito continuado de denuncia falsa y otro delito continuado de calumnias con publicidad y contra la autoridad en la persona de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de esa ciudad.
De ser inadmitido ese recurso de casación, la sentencia sería firme. En esas circunstancias sería difícilmente evitable su ingreso en prisión.
Hace días que Presencia viene anunciando que daría el paso de querellarse por calumnias contra los 16 magistrados que conforman esa Sala de lo Penal.
Ahora, según los documentos que ha distribuido, ya habría interpuesto ante los Juzgados de Madrid el preceptivo escrito de conciliación previa a la interposición de la querella contra cada uno de los magistrados de esa Sala del Alto Tribunal.
Por calumnias e injurias.
Y la víctima habría sido «él mismo».
En un claro intento por impedir que la Sala de lo Penal dicte una próxima sentencia sobre su persona.
PRESENCIA ESTÁ IMPUTADO POR LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO POR CALUMNIAS E INJURIAS EN LA AN
Hay que recordar que esta misma Sala de lo Penal del Supremo le ha inhabilitado dos veces, y por 20 años, por la comisión de dos delitos de prevaricación: tomar decisiones injustas a sabiendas.
El peor de los delitos que puede cometer un juez o magistrado.
Estas futuras «contraquerellas» de Presencia se articulan, precisamente, en un momento muy difícil para él.
Justo cuando está siendo investigado –imputado, según la anterior acepción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– en la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de injurias y/o calumnias del Código Penal (artículo 205 y siguientes) y contra las altas instituciones del Estado, previsto en el artículo 504 del mismo Código.
Los magistrados del Supremo son los impulsores de esta querella que interpuso la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Presencia ha acusado a los 16 magistrados de esta Sala de «guardar» importantes cantidades de dinero en paraísos fiscales, supuestamente obtenidas de sobornos.
No ha aportado más pruebas que unos «documentos» enviados y firmados por los ancianos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa al «buzón de denuncias» de su asociación.
Royuela fue condenado en 2003 a un año y medio de cárcel y multa de 12.960 euros por un delito continuado de acusación y denuncias falsas contra jueces y fiscales de Barcelona.
Martínez Grasa, por su parte, recibió una condena de seis meses de prisión y multa de 1.080 euros por falsedad en documento mercantil al haber realizado un ingreso en metálico a nombre del fiscal Carlos Ramos, según informó en su momento El País. La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona.
LA «EXCEPTIO VERITATIS»
Presencia, que fue citado a declarar por el instructor de esta causa, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea Francés, hizo uso de su derecho a no declarar el pasado 7 de julio.
El exjuez renunció al único camino que le hubiera evitado su imputación: la invocación de la «exceptio veritatis».
La excepción a la verdad es la facultad que tiene todo acusado de un delito de calumnias (la imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad) de demostrar que lo que dice es verdad. Cuando la persona lo demuestra, queda exenta de cualquier acusación que se le hubiera hecho; libre de cargos.
Presencia ni lo intentó. No apeló a la «exceptio veritatis».
Tampoco ha demostrado que los «documentos» enviados y firmados por Royuela y Martínez Grasa –también investigados en la causa que dirige el magistrado Gadea, quien los ha citado a declarar el próximo mes de septiembre– a través del «buzón de denuncias» tengan un mínimo de veracidad.
El magistrado instructor Gadea ya tiene experiencia con el presidente de ACODAP.
No solo rechazó la denuncia que presentó, junto con su asociación, ante la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la ya exfiscal general del Estado, Dolores Delgado –a los que acusaba de lo mismo también de tener dinero en el extranjero–, sino que la remitió, junto con los «documentos» que había adjuntado Presencia, a los Juzgados de Talavera de la Reina –que es donde tiene su domicilio el denunciante presidente de ACODAP– para que dedujera testimonio.
Es decir para que se investigara si era una denuncia falsa y, si era así, se actuara en consecuencia.
Presencia aportó varios «documentos escaneados, cartas manuscritas, sin fecha, sin firma, sin datos del remitente ni destinatario, acabadas con el texto ‘poner fecha, pasar a limpio y enviar’ y documentos mecanografiados, presuntamente de una entidad bancaria, sin sello, sin membrete, sin ninguna otra identificación que permita determinar su origen», decía el magistrado en su auto.
«No se aporta información ni de quién la ha presentado, ni de dónde han sido obtenidos los documentos aportados, ni, en definitiva, quién los ha elaborado, cuándo o a quien le han sido remitidos», añadía.
«Es más, debemos poner de manifiesto que la forma de transmitir la denuncia (o como refiere la Fiscalía ‘la burda composición de unas cartas’) no permite descartar en absoluto la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ‘ex profeso’ para el hecho concreto que se denuncia, lo que no excluiría, desde la provisionalidad de este momento inicial, una ulterior actuación en orden a investigar el posible carácter espurio de las mismas», subrayaba.
Ahora el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Talavera de la Reina tiene la competencia sobre esta investigación.
Allí, en esos Juzgados, también se sigue otra causa contra Presencia, también por calumnias, interpuesta, en esta ocasión, por los abogados del fiscal decano. Asimismo, volverá a sentarse en el banquillo, otra vez por calumnias, en la que De la Cruz Andrade vuelve a ser el querellante.
LA PISTA DEL DINERO
Los especialistas en cibercrimen de la Guardia Civil tienen el encargo del magistrado Gadea de investigar todo lo relativo a las donaciones que se han realizado a través de las páginas web de ACODAP –tanto en punto com como en punto org– en favor de su presidente, «Fernando Presencia -quien se atribuye falsamente la condición de Juez- como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción facilitando a dicho fin el IBAN de una cuenta corriente así como direcciones de PAYPAL y BIZUM, en las que se pueden efectuar los correspondientes depósitos», dice el primer auto del magistrado Gadea.
Y tienen que determinar las cantidades percibidas y el destino que se ha dado a ese dinero, por si pudiera ser constitutivo de un delito de estafa.
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