"De no hacerlo, el Consejo General del Poder Judicial se estaría posicionando en contra de este artículo y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", declara a Confilegal Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.
Arriaga Asociados presenta una queja ante el CGPJ por los retrasos en los Juzgados de Murcia y la Audiencia de Sevilla
Espera que el CGPJ, "que es el que tiene que dotar junto con las respectivas administraciones de los medios necesarios, cumpla el mandato imperativo del artículo 24 de la Constitución española, que recoge el derecho a una justicia efectiva sin dilaciones"
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14/1/2023 06:49
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Actualizado: 13/1/2023 20:11
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Arriaga Asociados, que representa a más de 60.000 consumidores en procedimientos sobre la nulidad de cláusulas abusivas, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la supresión de señalamientos en el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia y en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Según explica, mientras que en Murcia el retraso en las demandas acumulado es de más de ocho meses, en la ciudad andaluza la media de tiempo que lleva la Justicia en resolver es de 18 meses.
«Esta situación pone en grave peligro el derecho al acceso a la justicia por parte de todos los consumidores representados por Arriaga», destaca Jesús María Ruiz de Arriaga, socio-director de la firma.
Recuerda que en ese sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional en su sentencia 125/2022, de 10 de octubre, donde dictamina que una demora en los señalamientos de los litigios puede suponer una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones debidas.
«La Justicia que llega tarde es una injusticia y atenta contra un derecho fundamental», subrayó Ruiz de Arriaga en una reciente entrevista en Confilegal.
El socio-director de Arriaga Asociados hace hincapié en que «el elevado número de asuntos de los que tengan conocimiento los órganos jurisdiccionales no debe legitimar los retrasos en resolver, ni limitar el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tales dilaciones indebidas».
«Es exigible que jueces y Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado dote a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento les encomienda», declara.
Jesús María Ruiz de Arriaga espera que el CGPJ, «que es el que tiene que dotar junto con las respectivas administraciones de los medios necesarios, cumpla el mandato imperativo del artículo 24 de la Constitución española, que recoge el derecho a una justicia efectiva sin dilaciones».
«De no hacerlo, el Consejo General del Poder Judicial se estaría posicionando en contra de este artículo y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», sentencia.
PIDE RENOVAR LOS REFUERZOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 16 DE MURCIA
Según informa Arriaga Asociados, el pasado 25 de octubre recibió comunicación del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia reconociendo la suspensión de los señalamientos a partir del 31 de octubre de 2022, a la vista de la falta de renovación de los referidos refuerzos asignados a este juzgado por parte del Ministerio de Justicia.
Señala que teniendo en cuenta que, hoy en día, las demandas de condiciones generales de contratación (CGC) en este Juzgado se están prolongando por más de ocho meses, la supresión de los señalamientos decretada afectará automáticamente a las tasas de resolución, pendencia y congestión de los procesos tramitados en dicho juzgado.
Jesús María Ruiz de Arriaga ha solicitado al CGPJ que proceda a renovar los refuerzos para este Juzgado a fin de obtener nuevos señalamientos que resulten respetuosos con el derecho de los justiciables a la tutela judicial efectiva.
PARA LA AUDIENCIA TAMBIÉN RECLAMA REFUERZOS Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE SECCIONES
También señala que el pasado 9 de noviembre la Audiencia Provincial de Sevilla informó de la suspensión de señalamiento para deliberación, votación y fallo respecto a un recurso de apelación presentado por esta firma, «confirmando así que no es posible resolver más asuntos como resultado de registrar anualmente más cuestiones que los mismos magistrados son capaces de resolver, por cuestión de reducir los refuerzos».
Por otra parte, no se prevé la implantación de medios o recursos que puedan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos sevillanos ni a corto ni a medio plazo, tal y como les ha comunicado la Sección Quinta.
En el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla pide al CGPJ refuerzos y la ampliación del número de Secciones.
la Memoria Anual respecto a las Actividades y Funcionamiento del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla de 2021, la cual advierte que su territorio judicial asume más del 16% del registro a nivel nacional de los procesos de condiciones generales de contratación bancaria, y puntualiza que Sevilla es la provincia con el número más alto de procesos ingresados con la cantidad de 3.611″.
Este bufete recuerda que por todo ello, la Memoria del TSJA para 2021 ya admitía la imposibilidad de disminuir el volumen de los asuntos pendientes y mejorar el tiempo para resolver, teniendo en cuenta que actualmente el tiempo medio para resolver de sus asuntos en esta Sección asciende a una media de más de 18 meses.
TAMBIÉN PRESENTÓ UNA QUEJA ANTE EL CGPJ Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE EL COLAPSO CRÓNICO DEL JUZGADO 101 BIS DE MADRID
Jesús María Ruiz de Arriaga también presentó en mayo de 2022 una queja ante el órgano de gobierno de los jueces y el Defensor del Pueblo advirtiendo del «colapso crónico» del Juzgado 101 Bis de Madrid, especializado en cláusulas abusivas, donde «se están superando los cuatro años sin admisión».
Arriaga Asociados representa a «más de 31.000 clientes perjudicados por la parálisis de ese juzgado», creado para dar salida a casos que afectaban de manera masiva a consumidores como las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios, el índice IRPH o la hipoteca multidivisa.
El Defensor del Pueblo emitió recomendaciones en septiembre al Ministerio de Justicia, la Consejería de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial señalando la necesidad de crear más juzgados y de dotar de más funcionarios.
Recomendó crear un nuevo juzgado de Primera Instancia en Madrid que tenga atribuido en exclusiva el conocimiento de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, con el objetivo de reforzar el trabajo del Juzgado 101 Bis.
«Sólo en admitir a trámite la demanda, este juzgado está tardando entre 30 y 40 meses, por lo que no solamente no se está mitigando el problema, sino que el escenario empeora», explica Ruiz de Arriaga.
El pasado octubre ya denunció públicamente «la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva» en algunos de los litigios de los clientes a los que representa, y anunció que había empezado a recurrir los procedimientos que se encuentran paralizados por más de dos años y que también estaba dirigiendo a los juzgados peticiones de impulso.
Por su parte, el CGPJ advirtió el 1 diciembre de la necesidad de crear 32 nuevos Juzgados de lo Social en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
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