Agustín Azparren, abogado, fiscal en excedencia y magistrado jubilado, analiza en Confilegal la situación política actual y el estado de la Justicia en España. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Agustín Azparren: “Otra forma de destruir el Estado de Derecho es dejar sin recursos a la Justicia”
Destaca que aprobar la ley de amnistía "sería muy grave y constituiría un desprecio a la potestad jurisdiccional de los tribunales”
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19/9/2023 01:00
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Actualizado: 19/9/2023 09:16
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Agustín Azparren es fiscal en excedencia y magistrado jubilado voluntariamente. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008) y presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Actualmente, ejerce la abogacía, que compatibiliza con la actividad docente, como profesor en los Máster de Mediación de varias universidades y Colegios de Abogados y procuradores.
Mediador de reconocido prestigio, ha sido miembro del Consejo de Administración del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), y su presidente en España. También presidió el Instituto de Mediación del Principado de Asturias (IMPA), creado por el Colegio de Economistas de Asturias.
Por su excelencia, en febrero de 2017 fue fichado por Ontier, como “Counsel”. Es responsable del área de mediación de Ontier España. Adicionalmente, también participa en el grupo de litigios de la firma.
Se ha aprobado rebajar penas por malversación y corrupción, se han concedido indultos a cambio de votos y se está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho. ¿Está en peligro el Estado de Derecho en España?
Efectivamente, todo este tipo de acciones atacan al principio de división de poderes, que es una de las condiciones básicas de un Estado de Derecho, aunque creo que hay mecanismos legales que impedirán que todo esto ocurra.
Afirma que las concesiones que se han hecho a los líderes del ‘procés’ y las que se están negociando “atacan el principio de división de poderes, una de las condiciones básicas de un Estado de Derecho”
¿Qué opina de la petición del prófugo Puigdemont de que Sánchez fuerce a los fiscales? El expresidente catalán ha reclamado al Gobierno que la Fiscalía y la Abogacía del Estado dejen de perseguir los delitos por los que están procesados él y varios exconsejeros.
Tal pretensión no es más que un reflejo de una confusión interesada que suelen tener los políticos cuando llegan al poder, al confundir Fiscalía del Estado con Fiscalía del Gobierno.
Y en la que también ha incurrido el presidente del Gobierno actual, como quedó en evidencia en una conocida entrevista.
¿Qué consecuencias tendría la aprobación de una ley de amnistía? Aunque no cabe en un Estado democrático y no la autoriza la Constitución, es lo que pretenden ahora los separatistas catalanes, con ciertos apoyos.
Me resisto a creer que finalmente el Parlamento apruebe una ley de amnistía. De hecho, parece que ya hubo un intento de Ley de Amnistía hace un par de años y se rechazó por su inconstitucionalidad, con informe en tal sentido de los letrados de las Cortes.
Él no cree que se apruebe la ley de amnistía, en cualquier caso afirma que “hay que utilizar todos los mecanismos para evitar un ataque así al Estado de Derecho”
En todo caso, de aprobarse sería muy grave y constituiría un desprecio a la potestad jurisdiccional de los tribunales, que sólo tiene explicación por el origen de la amnistía ligado a regímenes absolutistas. Por eso, pienso que no pasaría el filtro del Tribunal Constitucional.
“Aprobar la ley de amnistía sería muy grave y constituiría un desprecio a la potestad jurisdiccional de los tribunales”
Muchos políticos mantienen la creencia equivocada de que nombrando a jueces, van a resolver siempre a favor de sus intereses.
También existe la creencia de que con la actual composición, el TC español va a tragar con todo lo que llegue del Gobierno, pero una cosa es que un tribunal tenga una mayoría de perfil progresista o conservador e interprete las normas conforme a sus sesgos personales y otra saltarse determinados límites.
«Muchos políticos mantienen la creencia equivocada de que nombrando a jueces, van a resolver siempre a favor de sus intereses»
La prueba la hemos visto recientemente con el rechazo del TC, por unanimidad, del recurso del PSOE sobre el recuento de votos nulos.
Yo soy optimista por naturaleza. Como dicen los estudios científicos en neuropsiquiatría, el 90% de las cosas por las que nos preocupamos no suceden nunca. Yo suelo darle la vuelta a la frase y digo que hay un 90% de posibilidades de que esto no suceda.
Hay base para pensar que esta ley no va a ver la luz. Por la dificultad de que pase el filtro de constitucionalidad. Y porque tenemos la suerte de pertenecer a la Unión Europea.
Por una vía u otra, cualquiera de estos ataques al Estado de Derecho acabaría en el TJUE. Y ya sabemos cómo actúa la Unión Europea ante los ataques a la división de poderes y al Estado de Derecho. Tenemos el precedente de Polonia.
Esto no quita que haya que utilizar todos los mecanismos para evitar que un ataque así al Estado de Derecho se convierta en ese 10% por el que sí hay que preocuparse.
A la asociación mayoritaria de fiscales le causa desazón que el fiscal general del Estado no haya rechazado las palabras de Puigdemont. ¿Usted qué opina de esto? ¿Habría que haber rechazado esas palabras y explicado con claridad cuál es la función del Ministerio rebatiendo esas falacias que el prófugo está manifestado?
Tiene razón la Asociación de Fiscales.
El fiscal general del Estado debería defender con rotundidad la función de los fiscales, explicar cuál es el papel constitucional del Ministerio Fiscal, y recordar que el texto constitucional dice que la Fiscalía actuará en todo caso -y resalto en todo caso-, con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad.
Todo lo que está ocurriendo estos días en torno a Puigdemont no deja de sorprenderme. Se trata de un prófugo de la justicia, como lo fue en su momento Luis Roldán. Además, hasta coinciden ambos en el delito de malversación. Sin embargo, las diferencias de trato en uno y otro caso son abismales e inexplicables dentro de un Estado de Derecho en el caso de Puigdemont.
El portavoz nacional de AJFV afirma que actualmente, la Administración de Justicia en España está destruida a pesar de que sigue funcionando. ¿Cuál es, a su juicio, la situación actual?
Es bastante preocupante.
¿Usted cree que está destruida?
Yo no diría que destruida, porque sigue funcionando, aunque tarde y mal en muchos casos, a pesar de todo ello, los ciudadanos, según las encuestas, siguen confiando en que los jueces son la última garantía para la defensa de sus derechos. La prueba es que seguimos siendo de los países en que más acuden los ciudadanos a sus tribunales.
¿El sistema de la Administración de Justicia en este país se sostiene por la responsabilidad de los que trabajan en los juzgados, porque el abandono del poder político es algo secular?
Esa responsabilidad es lo que puede explicar por qué los ciudadanos siguen confiando en el sistema judicial.
Es verdad que a los males endémicos de ser uno de los países del mundo con mayor litigiosidad -recuerdo que hace años vi un estudio de la OCDE que nos colocaba el tercero del mundo en litigiosidad-, y que tiene un menor número de jueces por habitante, se une ahora la situación que han dejado las sucesivas huelgas y el peligro de que se reproduzcan en cuanto haya nuevo Gobierno.
¿Qué mejoras necesita la carrera judicial?
El principal problema que tiene la carrera judicial es la sobrecarga de trabajo de los jueces.
“El principal problema en la carrera judicial es la sobrecarga de trabajo de los jueces, muchos padecen un deterioro de su salud mental por esta situación”
Hay una realidad que no se conoce mucho: la situación de deterioro de salud mental que están padeciendo muchos jueces por la sobrecarga de trabajo.
Como el material de trabajo son personas que reclaman sus derechos y que acuden al juez como última garantía de sus derechos, por propia responsabilidad, los jueces intentan hacer esfuerzos extraordinarios por garantizar los derechos de los ciudadanos.
¿Cuáles son los desafíos de la carrera fiscal?
Aparte de los problemas de índole político a los que me he referido, hay un hecho que sí podría hacer cambiar la estructura de la carrera fiscal y sus propias funciones: si finalmente los fiscales van a encargarse de la instrucción de las causas penales, en lugar de los jueces.
No sólo porque el número de fiscales actual sería insuficiente, sino porque habría aún más razones para reforzar los principios de legalidad e imparcialidad y evitar injerencias de otros poderes del estado en la instrucción penal.
“Si los fiscales se encargan finalmente de la instrucción de las causas penales, la plantilla actual sería insuficiente y habría aún más razones para reforzar los principios de legalidad e imparcialidad y evitar injerencias”
Esta cuestión es muy controvertida por el riesgo de que pudiera controlarse la instrucción por el Gobierno de turno, por esa idea de que el fiscal es del Gobierno y no del Estado.
De todos modos, cuando ingresé como fiscal de distrito con 23 años, ya se decía que se iba a pasar la instrucción al fiscal, por lo que creo que no lo veré.
¿Qué opina del actual sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal? ¿Impide que los políticos metan la zarpa en la designación de los jueces?
Siempre se ha dicho que el ingreso por oposición es el menos malo de los sistemas.
No se ha inventado otro que asegure que la selección de jueces sea más objetiva y con menos posibilidad de injerencia, ya sea política o de enchufismo.
No obstante, me parece muy poco racional que un joven, recién acabado el grado de Derecho, tenga que dedicar cinco o seis años de media estudiando 8 horas diarias, en los mejores años de su juventud, sin garantías de éxito.
La solución podría ser reducir el número de temas. Con ello, se mantiene la garantía del sistema, que sigue siendo objetivo, y se reduce el tiempo de preparación y el esfuerzo de memorización.
Lo digo por propia experiencia. La primera oposición que saqué fue la de fiscal de distrito, que tenía aproximadamente la mitad de temas que la de judicatura, y luego hice las oposiciones de judicatura e ingresé como juez, cuya preparación me supuso bastante más tiempo.
El número de temas de una u otra oposición no ha tenido nada que ver en la posterior trayectoria profesional de unos y otros compañeros.
Por cierto, uno de mis compañeros de fiscal de distrito, que en aquella época nos llevó menos de un año la preparación, acabó de magistrado del Tribunal Supremo y de fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
¿Otra forma de destruir el Estado de Derecho es dejar sin recursos a la Justicia?
Así es. Ese es otro problema tradicional ya que los recursos de la Justicia dependen de la aprobación de otro de los poderes del Estado, y la inversión en justicia nunca ha sido prioritaria.
Sólo conozco un país en el que la Constitución fija el porcentaje de los presupuestos que corresponde al Poder Judicial, que es el que gestiona su propio presupuesto, y paga a los jueces, incluso a la policía judicial, que depende del poder judicial: Costa Rica.
¿Sería deseable que se extendiera este modelo a España?
Quizás no sea necesario importar otros modelos. El modelo constitucional que tenemos está diseñado para garantizar la división de poderes y la independencia judicial, la prueba es que durante los primeros años de vigencia de la Constitución nadie discutía que fuera así.
Lo digo porque pertenezco a la primera promoción de jueces que ingresamos tras la aprobación de la Constitución y vivimos esa época dorada. Después, se empezó por reformar el sistema de elección de la vocales judiciales y a partir de ahí se ha ido deteriorando el sistema.
¿Es necesaria una mayor autonomía para la Fiscalía? Presupuesto propio y no depender del Ministerio de Justicia es una reivindicación histórica de los sucesivos fiscales generales y que, sin embargo, no ha sido atendida.
Es una reivindicación histórica y es comprensible que lo sea, sobre todo si, como ya he dicho, terminan encargándose de la instrucción penal.
Los vocales del CGPJ llevan ya 5 años en funciones, ¿es optimista ante el panorama político que tenemos? ¿El actual modelo está agotado y ha fracasado?
Yo ya viví como vocal una situación similar, aunque fueron unos dos años de prórroga.
Esta situación es un claro reflejo de que los temores que apuntaba la conocida sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 sobre el sistema de nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ por el Parlamento se han cumplido. Al seguirse un sistema de cuotas por partidos se provocan estas situaciones.
¿Qué cree que hay que hacer primero? ¿Renovar o reformar?
Si los partidos políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en renovar en cinco años, la única solución es reformar primero el sistema de elección de los vocales judiciales.
Con un sistema de elección por los jueces, que además están exigiendo las instituciones de la UE, se acabarían las prórrogas.
“Con un sistema de elección por los jueces, se acabarían las prórrogas en el CGPJ”
¿Qué opina de los ataques verbales que están sufriendo los jueces por parte de ciertos políticos? ¿Estos ataques socavan el Estado de Derecho, la separación de poderes?
Mientras haya garantías para preservar la separación de poderes y el Estado de Derecho, los ataques verbales pueden considerarse que entran dentro de la libertad de expresión, siempre que no se sobrepasen los límites de esta.
El problema es que socavan la confianza de los ciudadanos en la Justicia, y eso es muy grave, porque la confianza en las instituciones es fundamental.
“Los ataques verbales del poder político al poder judicial socavan la confianza de los ciudadanos en la Justicia, y eso es muy grave, porque la confianza en las instituciones es fundamental”
Encima, vivimos en un país de los más críticos con nuestras instituciones. Me sorprende el lugar que suele ocupar España en cuanto a independencia judicial en el estudio anual que sobre competitividad global hace el Foro de Davos.
Entre unos 140 países del mundo, aparece habitualmente por la mitad y a la altura de países como Botswana o Kenia y por debajo de Arabía Saudí o China.
Todos sabemos que no es así, pero el problema es que este estudio se basa en lo que opinan los propios españoles sobre la independencia de sus tribunales, lo cual es muy preocupante.
Usted, que ha ejercido como juez, fiscal y ahora como abogado, ¿cómo ve la mediación? Tiene práctica en conciliación judicial, llegando a conseguir un 70% de acuerdos. Y como mediador en materia civil y mercantil, con más de 400 pactos en conflictos bancarios, empresariales, empresa familiar, herencias, conflictos laborales, familiares, etc.
Sólo hay dos soluciones frente al gran problema de la sobrecarga de los tribunales: o bajar la litigiosidad o incrementar la ratio de juez por habitante.
Actualmente, hay unos 5.700 jueces y, para llegar a la media europea, casi habría que doblar ese número. Eso es poco factible presupuestariamente y no se puede improvisar. Además, cuando se sacaban 300 plazas anuales, no todas se cubrían.
La otra solución, bajar la litigiosidad, es en la que ahora dedico mi vida profesional, la mediación. De forma que lleguen a los jueces, sobre todo en el ámbito civil y mercantil, muchos menos asuntos al año.
Si de los dos millones y medio de asuntos civiles que hay al año, se quita al juez civil y mercantil tan sólo un 20%, que se pueda solucionar por la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de controversias, se reducirían medio millón de asuntos a los jueces civiles y mercantiles, y eso favorecería mucho la tutela judicial efectiva.
Esto es lo que pretendía el Ministerio de Justicia con el proyecto de Ley de eficiencia procesal haciendo obligatorio el intento previo de acuerdo antes de presentar una demanda. Por desgracia, quedó en el Parlamento sin aprobar por la disolución de las Cortes.
Por la convocatoria de elecciones.
En todo caso, esto sería una consecuencia indirecta de la mediación. La finalidad de esta figura es que las partes por sí mismas, ayudadas por el mediador, que facilita la comunicación y contribuye con su experiencia a buscar soluciones, puedan resolver de forma pacífica los conflictos.
Son las propias partes las que finalmente deciden la solución del conflicto, y con una solución satisfactoria para ambas. No queda en manos de un tercero ajeno, que no puede conocer a fondo el conflicto, la solución del problema.
Además, siempre quedará como última garantía, si el acuerdo no es posible, acudir a los jueces.
Este verano leí un libro titulado ‘Ruido”, del psicólogo y premio nobel de economía Daniel Kahneman junto con otros dos autores, y quedé bastante sorprendido de las circunstancias que pueden influir en las decisiones judiciales.
Cuenta que en EEUU se hizo un estudio examinando más de un millón de sentencias penales de jueces americanos, y se llegó a la conclusión de que los jueces penales imponían penas más duras los lunes cuando su equipo de fútbol americano había perdido el domingo. Es sorprendente.
No deja de ser un reflejo de los riesgos que tiene dejar en manos de un tercero la solución de problemas cuando está en nuestras manos solucionarlos.
Además, en conflictos de ruptura matrimonial se están utilizando los tribunales, con la carga que ya tienen, para decidir custodias de perros, para decidir la primera comunión de la niña o para que decida el juez si se le hace al niño la fimosis, como me contaba una amiga juez de familia.
Con lo rápido y útil que sería resolver todas estas cuestiones a través de la mediación, las partes ganarían en salud evitando las situaciones de estrés prolongado que provocan los conflictos familiares contenciosos.
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