Con esta reforma penal, todos aquellos "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" que "menoscaben la libertad de las mujeres" serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
El Congreso da luz verde a reformar el Código Penal para castigar con penas de cárcel el ‘acoso’ en clínicas abortivas
La Proposición de Ley Orgánica impulsada por el PSOE ha salido adelante con 204 votos a favor y 144 en contra, de PP y VOX, que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional
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04/2/2022 10:41
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Actualizado: 04/2/2022 13:18
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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 204 votos a favor y 144 en contra, la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal «para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo», presentada por el PSOE, que ahora se remitirá al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.
La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de PP y VOX, que han votado en contra.
Con esta reforma penal, todos aquellos «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que «menoscaben la libertad de las mujeres», serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de seis meses a tres años.
El objetivo de esta iniciativa, según explica el Grupo Parlamentario Socialista, es ampliar el articulado del Código Penal para proporcionar «una seguridad jurídica tanto a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo como a los profesionales que participan, tal y como recoge la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo».
Señala que esta reforma está encaminada a «garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».
Esta Proposición de Ley Orgánica comenzó su tramitación parlamentaria el pasado 21 de septiembre de 2021 y el texto aprobado por el Congreso coincide con el del dictamen emitido por la Comisión de Justicia, al haberse rechazado todas las enmiendas que se habían mantenido vivas para su debate en Pleno.
‘NO SERÁ NECESARIA LA DENUNCIA DE LA PERSONA AGRAVIADA’
El nuevo y único artículo, 172 quarter del Código Penal, que propone la iniciativa, ha adquirido una nueva redacción en la fase de ponencia de la Comisión de Justicia. El primer apartado dicta que «para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».
Esta nueva redacción responde a una enmienda de los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Este artículo determina que «las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los facultativos o directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo».
Asimismo, señala que «atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años». La norma también establece que «las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso». Estos apartados mantienen su redacción original.
También se ha incluido en el trámite de ponencia que «en la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal».
El Congreso da luz verde a reformar el Código Penal para castigar con penas de cárcel el acoso en clínicas abortivas
EL PSOE LAMENTA QUE PP Y VOX HAYAN ELEGIDO ‘EL BANDO INCORRECTO’
La portavoz del PSOE en materia de Igualdad, Laura Berja, ha celebrado el apoyo a esta iniciativa impulsada por su partido y ha lamentado que PP y VOX hayan «elegido el bando incorrecto»: «El de los acosadores». Para esta diputada, PP y VOX están «señalando» a las mujeres del país que han abortado, en lugar de «respetar su decisión». Afirma que con su postura, no están defendiendo la libertad religiosa, sino el acoso y a los acosadores, tras lo que ha agradecido al resto de grupos sus aportaciones y el respaldo al texto.
De forma similar se ha expresado la portavoz de Unidas Podemos en este debate, Martina Velarde, que ha criticado que mujeres que «han pensado esta decisión «dura», tengan que «encontrarse hordas de integristas» a las puertas de las clínicas. «No se me ocurre algo más contrario a libertad religiosa que usar el rezo para estrechar la libertad de otras personas», ha declarado, antes de añadir que «el rezo no es libertad de expresión» si tiene como fin la coacción y el acoso.
la portavoz de Igualdad de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera, ha manifestado que PP y VOX creen que tienen derecho a rezar «en las narices de una mujer que va a abortar» porque a ellos les «da la gana» y porque anteponen su derecho al del resto de personas porque es el suyo. «No tienen iglesias ni espacios suficientes para rezar que lo tienen que hacer a las puertas de las clínicas», ha ironizado.
La representante de Ciudadanos en esta materia, Sara Giménez, ha alertado de los discursos que quieren «hacer retroceder» a la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de las mujeres». Su homóloga de Junts, Pilar Calvo, también ha celebrado la «amplia mayoría» que ha apoyado esta iniciativa. En este sentido, ha mandado «a otra parte» a aquellos que dicen realizar «labores de información y apoyo» en las clínicas.
PARA PP Y VOX NO ES ACOSO, SINO LIBERTAD DE EXPRESIÓN
PP y VOX se han opuesto desde el principio a esta iniciativa, contra la que presentaron sendas enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas.
El PP ha denunciado el «sectarismo» del Gobierno de Sánchez. Su portavoz en este debate, Teresa Angulo, ha mostrado su «preocupación» por la «degeneración» y el «achicamiento del espacio de libertad» que existe desde que está en la Moncloa el actual Ejecutivo.
Teresa Angulo ha insistido en que la iniciativa tiene un «claro sesgo ideológico» que «atenta» contra la tolerancia y la libertad, de forma que no pretende solucionar un problema real, sino impedir los derechos de reunión y expresión. «No quieren tipificar el acoso, sino restringir por censura previa el derecho de expresión, algo que prohíbe la Constitución», ha asegurado Angulo.
Además, ha subrayado que el acoso «ya está penalizado» y, a su juicio, en estas concentraciones ante las clínicas «nadie ha impedido hacer a nadie lo que ha querido».
«Con la reforma propuesta por el PSOE y sus socios lo que se está sancionando es la mera libertad de expresión y sin empleo de violencia ni de ningún tipo de intimidación, que ya están tipificados en el Código Penal», manifiesta a Confilegal el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Fernando de Rosa Torner, magistrado en servicios especiales.
«Es curioso que hace unos meses el PSOE despenalizó la actuación de piquetes violentos por considerar que se estaba ejerciendo un derecho sindical. Es decir, ante la misma conducta, el PSOE cuando se trata de sindicalistas considera que no es delito y cuando se trata de ciudadanos que ejercen también su libertad de expresión considera que es delito», destaca De Rosa, y apunta que hay una diferencia, ya que «en la actuación de piquetes violentos sí se consignaba una actuación activa en contra de la actuación de otras personas y, en cambio, en este caso se trata meramente de personas que se limitan a exponer su opinión sin coaccionar y sin presionar a otras personas».
«Dos conductas que pueden tener una naturaleza similar se tratan de manera diferente, máxime cuando la despenalizada tenía un plus, ya no solamente de información, sino de actuación sobre los que no querían hacer una huelga», remacha.
En el mismo sentido se ha expresado Lourdes Méndez, de VOX. Ha señalado que está pasando «algo muy grave en este país cuando se quiere penalizar una conducta pacífica como la del movimiento provida que ayuda, informa, reza y consuela ante las clínicas abortivas». Méndez ha denunciado que esta ley «atenta contra las libertades para eliminar al disidente» y se condena a personas que «de manera pacífica» protestan ante «una ley injusta».
En su opinión, lo que sí es un delito es la «inducción al aborto» que se produce cuando a las mujeres que acuden a la seguridad social con dudas sobre su embarazo «la única opción» que les dan es el aborto. «A partir de ahora será un honor ser considerado delincuente por un Gobierno que indulta a terroristas y mete en la cárcel a quien se dedica a salvar vidas», ha afirmado.
PP y VOX han avanzado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
ABOGADOS CRISTIANOS PONE EN MARCHA UN SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A PERSONAS PROVIDA
Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha puesto en marcha un servicio de asistencia legal a personas provida que acudan a centros de aborto a informar y rezar. Ha creado la web www.rezarnoesdelito.es donde las personas provida pueden encontrar información y solicitar asesoría legal y jurídica gratuita para afrontar esta reforma del Código Penal.
Abogados Cristianos ha elaborado, además, una guía con recomendaciones para que los provida puedan seguir acudiendo a las puertas de los centros de aborto.
Esta organización de juristas asegura que “existe un conflicto grave de intereses en el que la empresa que factura (el centro de abortos) es la misma que informa a la mujer y que dejaría de beneficiarse en el caso de que la mujer se eche para atrás en su decisión de abortar, por lo que es necesario informar de la realidad del aborto y sus secuelas por aquellos que no se benefician económicamente de la práctica de abortos”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala que «los tribunales internacionales ya están tirando atrás este tipo de leyes: Un tribunal alemán de Frankfurt ya dictaminó que limitar cuándo y dónde pueden congregarse las personas es incompatible con el derecho a la libre reunión”.
Indica, además, que “la Justicia ya ha condenado a la patronal de los centros de aborto por publicidad engañosa, al negar en su página web que el aborto pueda dejar secuelas. Y la condena llegó precisamente tras la denuncia de una mujer que sufrió las consecuencias de un aborto”.
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