La colisión normativa entre la Ley 3/2024 y la Ley de Dependencia de 2006 genera un vacío legal que permite a las autonomías aplicar criterios de renta a cuidados considerados vitales y permanentes.
Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales critican la inacción de la Fiscalía General ante la trama de presiones a miembros del poder judicial investigada desde 2025.
