La transición hacia la dirección ejecutiva compartida se hará de forma progresiva. Andersen ha considerado que la mejor opción para afrontar su horizonte en España es este esquema.
Denuncia que las manifestaciones del teniente fiscal del Supremo en las que "justificaba la acción del Gobierno y cargaba la responsabilidad de los hechos en los ejecutivos autonómicos" muestran "un claro sesgo ideológico en la resolución de la Fiscalía".
En el segundo trimestre de 2020, los órganos judiciales concluyeron un total de once procedimientos por este tipo de hechos y dictaron ocho sentencias.